En la ciudad de Camagüey, una nueva figura vinculada a los mecanismos de represión del régimen cubano ha salido a la luz. Se trata de Rafaela Castro Rondón, Licenciada en Enfermería y Secretaria del Sindicato de la Salud en el Hospital "Amalia Simoni". Rafaela ha sido identificada como una de las participantes activas en actos de repudio contra funcionarios internacionales, entre ellos el Jefe de Misión de los Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.
Lejos de representar a los trabajadores del sector de la salud, Castro Rondón se ha consolidado como una pieza clave del aparato represivo del régimen. Según testimonios de colegas y vecinos, ha ejercido presión sobre médicos, enfermeros y personal hospitalario para obligarlos a asistir a reuniones políticas, marchas y actos organizados en favor del gobierno. Esta dinámica evidencia cómo el régimen utiliza instituciones públicas, en especial el sistema de salud, para fines políticos y de control social, traicionando la ética profesional que debería guiar a quienes se dedican a cuidar la vida.
Castro Rondón no solo se limita a funciones sindicales; su militancia en el Partido y su rol en la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) la posicionan como una activista política con influencia en su entorno laboral y de barrio. A pesar de su edad, forma parte de las Brigadas de Respuesta Rápida, grupos conocidos por su participación en la represión directa de ciudadanos. Además, actúa como informante de los CDR, dedicándose a vigilar y denunciar a vecinos, compañeros de trabajo y miembros de su comunidad, contribuyendo al clima de miedo y autocensura que caracteriza al sistema cubano.
Castro Rondón ha recibido varias medallas y reconocimientos, no por méritos profesionales ni por aportes al sector salud, sino como recompensa por su lealtad y servilismo al régimen. Su perfil ilustra un fenómeno recurrente en Cuba: la utilización de instituciones y profesionales clave para sostener estructuras de represión política, en lugar de proteger los derechos y la dignidad de los ciudadanos.
La exposición de casos como el de Rafaela Castro es fundamental para visibilizar la violación sistemática de derechos y la instrumentalización del personal de salud en la Isla.
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