El Gobierno de Estados Unidos mantuvo este martes a Cuba en su "lista negra" de tráfico de personas porque "no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba permaneció en el Nivel 3".
"La Ley cubana no prohibía explícitamente el tráfico laboral tal como se define en el derecho internacional. El Gobierno no se esforzó por modificar el Código Penal para abordar la trata de acuerdo con el derecho internacional", señaló el Departamento de Estado de EE.UU. en su reporte sobre tráfico de personas 2022.
Como se informó en los últimos cinco años, los traficantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Cuba, y los traficantes explotan a víctimas de Cuba en el extranjero.
Las preocupaciones sobre la trata de personas en Cuba se dividen en dos amplias categorías: trata sexual y trabajo forzado, y programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno. El tráfico sexual y el turismo sexual, incluidas las víctimas infantiles, ocurren dentro de Cuba.
"Los traficantes explotan a los ciudadanos cubanos en el tráfico sexual y el trabajo forzoso en África, Asia, el Caribe, el Mediterráneo, América Latina y los Estados Unidos. Los traficantes explotan y se ven obligados a falsificar registros médicos. Muchos profesionales médicos informaron haber sido abusados sexualmente por sus supervisores".
"Si bien las misiones médicas siguen siendo las más frecuentes, el gobierno se benefició de otros programas de exportación de mano de obra igualmente coercitivos, incluidos maestros, artistas, atletas, entrenadores deportivos, ingenieros, técnicos forestales y casi 7000 marinos mercantes en todo el mundo".
EE.UU. considera "penas insuficientemente estrictas" las sanciones adoptadas en Cuba "con respecto al tráfico sexual, proporcionales a otros delitos graves, como la violación. De conformidad con el derecho internacional, estas disposiciones definían a un menor como menor de 16 años en lugar de 18. Las disposiciones relativas a la trata de adultos y niños no penalizaban explícitamente los actos de captación, transporte y recepción de personas para estos fines".
"En diciembre de 2021, el Gobierno publicó datos oficiales para el año 2020 sobre enjuiciamientos y condenas, los datos más recientes disponibles. El informe anual del gobierno fue la principal fuente de información sobre sus esfuerzos. El gobierno suprimió las fuentes nacionales independientes, y algunas fuentes independientes proporcionaron información sobre los esfuerzos y las tendencias del tráfico. Las autoridades no indicaron cuántos casos de trata investigaron, enjuiciaron o condenaron en 2021".
El gobierno no informó sobre la investigación de casos en 2020 y procesó a 17 sospechosos por posibles delitos de trata (16 por trata sexual y uno por trabajo forzoso), en comparación con 15 enjuiciamientos en 2019, 20 en 2017 y 21 en 2016. Los funcionarios informaron haber condenado a 18 traficantes potenciales (17 por tráfico sexual y uno por trabajo forzoso), en comparación con 24 en 2019.
Sin embargo, debido a que la Ley de Cuba es amplia, no estaba claro si los casos denunciados constituían trata según la definición del derecho internacional. Las sentencias oscilaron entre cinco y 17 años de prisión.
El informe señaló "algunas medidas para abordar la trata en Cuba: "El gobierno organizó y patrocinó capacitación para agentes del orden, fiscales y jueces sobre la investigación y el enjuiciamiento de delitos de trata sexual, así como sobre técnicas analíticas para abordar casos complejos".
El gobierno cooperó con INTERPOL y el Gobierno de Ecuador para investigar un caso de tráfico transnacional que involucra a 10 presuntos traficantes cubanos. Los funcionarios no informaron si las autoridades procesaron o condenaron a estas personas durante el período del informe.
Las autoridades tenían 20 acuerdos de cooperación bilateral o memorandos de entendimiento que incluían el tráfico; sin embargo, el gobierno no reportó resultados tangibles asociados a estos acuerdos.
Las autoridades no informaron sobre ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de funcionarios del gobierno cómplices de la trata, a pesar de las persistentes denuncias de que los funcionarios amenazaron y obligaron a algunos participantes a permanecer en el programa de exportación de mano de obra patrocinado por el gobierno.