El régimen de La Habana no para con su propaganda para intentar convencer a los cubanos de que legislan a su favor y no para controlar más la información en la Isla con la futura Ley de la Comunicación Social.
"Es una oportunidad para en nuestro sistema de Gobierno, que se sustenta sobre la base de la participación social ciudadana en las comunidades –me estoy refiriendo al Poder Popular–, como nunca el ciudadano ahora en esta Ley encuentra refrendado ese espacio de ejercicio político", dijo la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Hilda María Saladrigas Medina, en la televisión oficialista.
"¿Por qué? Porque está dando todas las posibilidades para su expresión pública de sus necesidades, sus problemáticas, sus inquietudes pero a la vez que le sea devuelto a él una rendición de cuenta. Y le sea devuelta a él explicaciones que necesita", agregó.
Sin embargo, el Anteproyecto de Ley señala en su versión 32 que la comunicación en Cuba es para "fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba, como pilares del proceso de construcción de la sociedad socialista, independiente, soberana, democrática, próspera y sostenible".
Además, establece que "en ningún caso pueden emplearse para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista de derecho, hacer cualquier otra acción ilegal similar contra persona o grupos por motivos de discriminación, o cualquier otra condición y circunstancia personal lesiva a la dignidad humana" (Artículo 11.3).
Tampoco los medios en Cuba podrán publicar contenido que pueda "utilizarse para dar tratamiento morboso a accidentes, hechos delictivos, desastres u otros eventos similares; ni desacreditar o difamar a las personas y entidades, sin argumentos apegados a la verdad".
Pese a esa y otras limitaciones, Saladriga dijo que "en Cuba se está buscando que la comunicación sea un proceso coadyuvante a liberar todas las potencialidades que tiene el ser humano en su sistema de relaciones, armónicas y no armónicas, porque para eso está la discusión y el debate".
La nueva Ley marcará "cómo las instituciones tienen que establecer hacia la sociedad un diálogo abierto, tiene que ser suficientemente críticas y cuando no lo sean, tienen que responder a los medios de comunicación porque a la vez son fuente de información para los medios de comunicación".
"Se está buscando que el ciudadano cubano tenga la posibilidad de ese derecho universal, que se viene proclamando hace muchos años y que ha sido y sigue siendo una asignatura pendiente para el mundo, que es el derecho a la información y la comunicación. El derecho a que se dé esa información y esa comunicación pero además que se pueda justamente responder a inquietudes de la sociedad y que yo puedo interpelar al otro".
Aunque en el reportaje oficialista evitaron mencionar a los medios independientes, Saladrigas dijo que para que la comunicación funcione "hay convenciones y normas que de no establecerse pueden generar un proceso que fluya de manera deformada, de manera espontánea, de manera muy instrumental y desfavorecedora, sobre todo en la medida en que hay una parte de la comunicación que se convierte en una industria muy redituable económicamente”.
La futura Ley de la Comunicación Social establece que los medios de comunicación en Cuba serán "de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República de Cuba; abarcan instituciones de la prensa impresa y digital, las agencias de prensa, la radio y la televisión" (Artículo 24.2).
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