El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha emitido una nueva normativa que establece las condiciones para la apertura y supervisión de servicios de cuidado dirigidos a adultos mayores y personas con discapacidad por parte de actores económicos no estatales.
La medida, recogida en la Gaceta Oficial No. 35 del 21 de abril de 2026, define los requisitos que deberán cumplir las residencias privadas, en un contexto en el que el país busca ampliar la oferta de atención social ante el envejecimiento poblacional y la creciente demanda de estos servicios.
La Resolución 247/2025 establece que los interesados deberán obtener una autorización previa de las direcciones municipales de salud, que contarán con un plazo de cinco días para emitir un aval que certifique el cumplimiento de las condiciones exigidas.
Entre los principales requisitos figuran condiciones estructurales adecuadas —como instalaciones sin barreras arquitectónicas, acceso a agua potable, electricidad y ventilación—, así como la obligatoriedad de contar con sistemas alternativos de energía y servicios básicos como agua caliente. Además, tanto los titulares como el personal deberán estar capacitados en instituciones estatales acreditadas.
La normativa también dispone que los centros reserven al menos un 10 % de su capacidad para casos de atención social, y fija un límite máximo de 60 residentes por instalación. Asimismo, se establecen tres modalidades de servicio: cuidado diurno, atención permanente las 24 horas y una modalidad combinada.
En el ámbito sanitario, las residencias deberán estar vinculadas al sistema público de salud. Los usuarios tendrán que presentar su historial clínico al ingresar, y se prevén evaluaciones médicas mensuales y revisiones estomatológicas anuales. No se permitirá el ingreso de personas con enfermedades infecciosas no controladas o que requieran hospitalización.
El texto también enfatiza la protección de los derechos de los beneficiarios, incluyendo el respeto a la dignidad, la no discriminación y la prevención de cualquier forma de maltrato. Además, exige garantizar condiciones de accesibilidad en términos de movilidad, comunicación e información.
En cuanto al control, la resolución establece inspecciones mensuales durante el primer año de funcionamiento y, posteriormente, supervisiones trimestrales a cargo de equipos especializados. Las autoridades locales deberán intervenir ante cualquier irregularidad detectada.
La atención médica proporcionada por el sistema público seguirá siendo gratuita y no podrá incluirse en las tarifas de los centros privados, cuyos costos serán definidos por los propios operadores.
La normativa entrará en vigor a finales de mayo de 2026 y supone un paso relevante en la regulación de este tipo de servicios en Cuba. No obstante, el marco establecido mantiene un alto nivel de control estatal, lo que podría representar un reto para la participación del sector privado en un ámbito considerado estratégico para el bienestar social.
Fuentes: Periódico Cubano
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