Ante la creciente debacle económica y la fuga de trabajadores del sector estatal por los bajos salarios, la precariedad laboral y la falta de condiciones mínimas, el régimen cubano ha anunciado una nueva medida: redistribuir los fondos de salario no ejecutados en las unidades presupuestadas.
El Acuerdo 10199 del Consejo de Ministros, publicado el 11 de agosto en la Gaceta Oficial, autoriza a estas unidades a destinar el dinero sobrante —por plazas vacantes, licencias no retribuidas o bajas temporales— al pago adicional a su personal activo. Según explicó la viceministra primera de Finanzas y Precios, Maritza Cruz García, este pago se considerará salario a todos los efectos legales, aunque no constituye un aumento general ni un nuevo sistema de pago.
La medida se aplicará a trabajadores de todas las categorías en el sector presupuestado, salvo a aquellos que ya reciben incrementos salariales especiales (como determinados médicos y docentes). También quedan fuera los órganos de la Administración Central del Estado con esquemas diferenciados.
El reglamento interno para implementar la redistribución debe elaborarse en un plazo de 30 días, con participación sindical y aprobación en asambleas de trabajadores. La periodicidad del pago quedará a criterio de cada entidad: mensual, trimestral o por única vez, siempre condicionado a la existencia real de fondos no ejecutados.
El viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca Quesada, reconoció que la alta rotación laboral afecta a ministerios, gobiernos locales y otras entidades. Las plazas vacantes generan sobrecarga en los empleados que permanecen, y son estos quienes podrían beneficiarse de la redistribución. Sin embargo, en unidades con todas las plazas ocupadas, la medida no tendrá efecto alguno.
Especialistas consultados señalan que el problema de fondo es estructural: el sector presupuestado —que emplea a más de un millón de personas, casi la mitad del sector estatal— sufre salarios insuficientes, carencias materiales y un entorno laboral deteriorado. La migración hacia otros sectores, incluida la economía informal y el trabajo en el exterior, sigue en aumento.
La dinámica demográfica agrava el panorama: se jubilan más personas de las que ingresan al mercado laboral, y unas 204 000 están trabajando más allá de la edad de retiro. En sectores clave como la educación y la salud, que concentran el 70% del personal presupuestado, las plantillas incompletas son ya la norma.
Cruz García admitió que la redistribución de inejecuciones salariales “no resuelve todos los problemas” y que se necesitan reformas más amplias para recuperar capacidades productivas e incrementar los ingresos del Estado. Fonseca Quesada insistió en que no habrá reparto lineal del dinero sobrante, sino pagos diferenciados para priorizar a quienes asumen mayor carga laboral.
Este tipo de medidas funcionan como “parches” ante una crisis laboral generalizada, y su alcance real es limitado. La política responde más a la urgencia de retener personal que a un plan integral para mejorar los ingresos y condiciones del sector estatal.
El acuerdo establece que la redistribución debe estar respaldada por transparencia, control interno y evaluación sistemática de los resultados. Sin embargo, el propio texto oficial reconoce que el pago “no tiene carácter permanente ni masivo” y dependerá siempre de la existencia de fondos sobrantes.
Con el deterioro económico extendiéndose a todos los sectores y la inflación erosionando aún más los salarios, queda por ver si este estímulo puntual logrará frenar la sangría de trabajadores estatales o si, como temen muchos, se sumará a la lista de medidas de corto alcance que no atacan el problema de raíz.
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