El gobierno cubano aprobó una nueva medida que permite la importación directa de vehículos eléctricos por parte de personas naturales, dentro de un amplio paquete de 176 reformas económicas debatidas en la Asamblea Nacional del Poder Popular. La decisión representa uno de los cambios más significativos en la política de transporte del país en los últimos años, en un contexto marcado por la escasez de combustible, el deterioro del sistema de transporte público y la crisis energética que afecta a la isla.
La disposición abre por primera vez una vía general para que ciudadanos puedan traer automóviles eléctricos desde el exterior, algo que hasta ahora estaba fuertemente limitado o sujeto a regulaciones específicas. Sin embargo, la medida no se aplicará de forma inmediata, ya que el gobierno deberá emitir normas complementarias que definan los procedimientos de importación, los aranceles, los requisitos técnicos, los límites por persona y los mecanismos de pago. También se prevé la introducción de incentivos fiscales para los vehículos eléctricos que se importen junto con sistemas de carga basados en energías renovables, como paneles solares.
El objetivo oficial de la reforma es impulsar la movilidad eléctrica como alternativa ante la escasez de combustibles fósiles y reducir la presión sobre el Sistema Eléctrico Nacional. No obstante, las autoridades han reconocido implícitamente los riesgos que implica aumentar la demanda de electricidad en un sistema ya debilitado por apagones frecuentes, averías en termoeléctricas y falta de generación estable. Por ello, se insiste en que los vehículos eléctricos deben estar acompañados de soluciones de autoconsumo energético, lo que podría elevar el coste total de la inversión para los ciudadanos.
Además de los automóviles, la reforma amplía la posibilidad de importar y comercializar motos, ciclomotores y triciclos eléctricos, así como piezas y componentes para su ensamblaje dentro del país. Esta apertura podría favorecer el surgimiento de nuevos negocios privados, cooperativas y empresas estatales dedicadas a la importación, ensamblaje y mantenimiento de medios de transporte eléctricos, en un mercado que ha crecido de manera informal en los últimos años debido a la falta de opciones de movilidad.
El impacto social de la medida, sin embargo, podría ser limitado en el corto plazo. El alto costo de los vehículos eléctricos, sumado a la necesidad de infraestructura de carga y sistemas renovables, hace que su acceso dependa en gran medida de la capacidad económica de los ciudadanos o del envío de remesas desde el exterior. Esto podría ampliar la brecha entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen exclusivamente de ingresos en moneda nacional.
Las autoridades han presentado esta reforma como parte de una estrategia más amplia para modernizar la economía cubana, flexibilizar el papel del sector privado y atraer inversión extranjera, aunque su efectividad dependerá de la implementación de las normativas y de la capacidad real del país para sostener una transición hacia la movilidad eléctrica en medio de su actual crisis energética.
Fuentes: Asamblea Nacional Poder Popular
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