La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió de manera temporal, este sábado, la deportación de un grupo de ciudadanos venezolanos detenidos en el norte de Texas. La medida responde a una solicitud de emergencia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció el uso de una ley del siglo XVIII para justificar las expulsiones.
Los magistrados ordenaron que los venezolanos recluidos en el Centro de Detención Bluebonnet no sean deportados “hasta nueva orden del tribunal”. Aunque la decisión no representa una resolución definitiva del caso, sí detiene las expulsiones que, según la ACLU, podrían haberse ejecutado en cuestión de horas.
Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito manifestaron su desacuerdo con la decisión.
El centro del conflicto legal gira en torno a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa de tiempos de guerra que ha sido invocada en contadas ocasiones a lo largo de la historia estadounidense. El gobierno del presidente Donald Trump ha intentado aplicar esta ley para deportar rápidamente a migrantes acusados de pertenecer a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, una pandilla de origen venezolano.
La ACLU sostiene que, en muchos de estos casos, los detenidos no han recibido una audiencia justa ni tiempo suficiente para presentar defensa legal. “Estas personas estaban a punto de ser deportadas sin ningún tipo de debido proceso. Esta decisión de la Corte Suprema evita una injusticia irreparable”, expresó Lee Gelernt, abogado principal del caso.
A pesar de que cortes en Colorado, Nueva York y el sur de Texas habían bloqueado previamente este tipo de deportaciones, en la región norte de Texas –donde se encuentra el centro Bluebonnet, a 38 kilómetros de Abilene– no existía una orden similar. De hecho, jueces federales en esa jurisdicción rechazaron intervenir en días recientes, incluso cuando uno de ellos reconoció que el caso planteaba preocupaciones legítimas.
En documentos presentados el viernes, abogados de inmigración alertaron que sus clientes habían recibido notificaciones donde se les vinculaba con pandillas, y algunos fueron obligados a firmar documentos en inglés sin traductores disponibles, a pesar de solo hablar español.
El juez James Wesley Hendrix, nombrado por Trump, argumentó que no existía evidencia de una deportación inminente, basándose en declaraciones del ICE. No obstante, la ACLU presentó testimonios de abogados que aseguraban lo contrario.
El caso continuará su curso en la Corte Suprema mientras se define si el Gobierno puede aplicar una ley tan antigua y controvertida en el contexto actual. Aunque la orden es provisional, ofrece un respiro para los migrantes detenidos, que por ahora permanecen en territorio estadounidense bajo protección judicial.
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