En medio de una nueva ola de protestas contra los prolongados apagones y la crisis económica en Cuba, vecinos del reparto Las Minas, en el municipio de Guanabacoa (La Habana), denuncian que las autoridades han intensificado los arrestos y redadas contra manifestantes. Además, residentes señalan a un presunto informante que habría colaborado con la detención selectiva de activistas.
En los últimos días, ciudadanos del reparto Las Minas, en Guanabacoa, han reportado una escalada de arrestos y redadas violentas por parte de agentes de las Tropas Especiales del MININT y la PNR tras cacerolazos y protestas espontáneas contra los apagones continuos, la escasez de comida y la difícil situación económica que atraviesa la isla. Las detenciones han incluido tanto a hombres como a mujeres que salieron a las calles para hacer sonar cacerolas y manifestar su descontento, según denuncias vecinales recopiladas por medios independientes como CubitaNOW, que documentó este tipo de protestas en Guanabacoa por los apagones recientes.
Estas movilizaciones, inspiradas en el malestar general por la falta de electricidad y alimentos, forman parte de un movimiento más amplio de protestas que se vienen registrando en diversas zonas de La Habana y otras provincias desde 2024, cuando comenzaron a multiplicarse las manifestaciones contra la crisis económica y los cortes de energía. Según datos recopilados por observatorios de conflictos e informes periodísticos, las protestas nocturnas con cacerolazos han sido una expresión creciente del rechazo popular a la situación actual, con enfrentamientos puntuales y detenciones en varias localidades.
En el contexto de estas acciones represivas, vecinos y activistas también han señalado a Lester Randy Alonso como un presunto informante que habría colaborado con las fuerzas del orden para identificar a residentes que participaron en las protestas, tras ser inicialmente detenido y, presuntamente, liberado luego de revelar identidades de manifestantes. Esta acusación, que ha generado indignación entre los pobladores, se ha difundido en redes sociales y medios independientes, aunque aún no ha sido confirmada por una investigación oficial.
Organizaciones de derechos humanos y observatorios de la sociedad civil han denunciado que las detenciones arbitrarias, los arrestos domiciliarios y el hostigamiento policial son parte de una estrategia más amplia para inhibir la protesta social en Cuba. Por ejemplo, informes sobre las protestas de 2024‑2026 han documentado varias detenciones vinculadas a manifestaciones por cortes de energía, así como acciones represivas contra activistas y ciudadanos que expresan su descontento en espacios públicos.
La situación generado un clima de tensión permanente en la comunidad de Las Minas y otras zonas de la capital, donde vecinos viven bajo el peso de los apagones, los altos precios y la presión de la seguridad estatal, mientras exigen respeto a sus derechos y libertades fundamentales.
Fuente: La Tijera
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