La histórica ciudad de Trinidad, uno de los principales enclaves patrimoniales y turísticos del país, atraviesa serias limitaciones financieras que afectan directamente la conservación de su centro histórico y del Valle de los Ingenios.
Según reportes de la prensa local, el presupuesto destinado a la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios se encuentra en niveles críticos, con recursos insuficientes para sostener el ritmo de restauración y mantenimiento de inmuebles de alto valor histórico. Estos fondos dependen en gran medida del aporte del uno por ciento de las entidades económicas locales, un ingreso que ha disminuido notablemente debido a la contracción de la actividad productiva y turística.
Autoridades del sector han explicado que la caída del turismo y del funcionamiento empresarial ha reducido los ingresos disponibles para la conservación patrimonial, en un contexto de profunda crisis económica nacional. A ello se suma la escasez de materiales básicos como cemento, acero y madera, lo que dificulta la ejecución de obras de restauración.
De acuerdo con declaraciones de Felipe Pérez Gutiérrez, directivo de la Oficina del Conservador, la institución ha tenido que reajustar a la baja su presupuesto anual, pasando de 34 a 30 millones de pesos, con la posibilidad de nuevos recortes. A pesar de ello, se mantienen proyectos priorizados como la reparación de elementos del cementerio católico, una casa infantil en San Pedro, un parque urbano y la restauración de la antigua enfermería de esclavos en Manaca Iznaga.
La situación se produce en una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1988, reconocida internacionalmente por su valor arquitectónico y su estado de conservación histórico.
No obstante, especialistas y autoridades locales coinciden en que el deterioro económico general limita cada vez más la capacidad de proteger estos espacios. El resultado es una tensión creciente entre el valor patrimonial de la ciudad y la falta de recursos para su preservación, en un escenario donde la prioridad institucional se desplaza hacia necesidades más urgentes y sociales.
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