Un hombre fue condenado a 12 años de privación de libertad en Contramaestre, Santiago de Cuba, tras ser declarado responsable de la sustracción de 120 litros de aceite dieléctrico de una subestación eléctrica, según informó la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba.
El proceso correspondió a la causa número 8 de 2026 y fue presentado por las autoridades como un “juicio ejemplarizante”, debido a las consecuencias que tuvo el robo sobre el servicio eléctrico en esa zona del oriente cubano.
De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió en la subestación ubicada en la zona de Bungo la Venta. El acusado fue detenido durante la madrugada por agentes del orden mientras trasladaba el aceite presuntamente sustraído. Durante el operativo también fueron ocupadas herramientas manuales que, según las autoridades, habrían sido utilizadas para cometer el delito.
La Fiscalía señaló que el aceite dieléctrico es un componente importado que no se produce en Cuba, por lo que su sustracción representa una afectación adicional en medio de las dificultades que enfrenta el sistema eléctrico nacional para garantizar el mantenimiento de sus instalaciones.
Las autoridades atribuyeron al robo una interrupción del servicio eléctrico durante aproximadamente 48 horas, que habría afectado a más de 2.000 personas de Bungo la Venta y otras comunidades cercanas.
El Tribunal Municipal Popular de Contramaestre consideró las circunstancias del caso y las afectaciones provocadas al servicio eléctrico para imponer la pena de 12 años de prisión. La sentencia establece que el condenado deberá cumplirla en un establecimiento penitenciario determinado por el Ministerio del Interior.
La Fiscalía aseguró que durante la investigación y la celebración del juicio oral se cumplieron las garantías procesales y las disposiciones sobre el debido proceso establecidas en la Constitución cubana y la Ley del Proceso Penal.
El caso ocurre en un contexto de graves dificultades para el sistema electroenergético cubano, marcado por frecuentes interrupciones, falta de combustible y problemas para disponer de piezas y componentes destinados al mantenimiento de la infraestructura eléctrica.
La decisión judicial refleja además la severidad con la que las autoridades cubanas están tratando los delitos relacionados con recursos considerados esenciales para la prestación de servicios públicos, particularmente aquellos cuya pérdida puede provocar interrupciones del suministro eléctrico a comunidades enteras.
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