La organización Justicia 11J denunció que actualmente existen 775 personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas Presas Políticas.
De acuerdo con sus registros, 338 de estos casos corresponden a personas sancionadas tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021, consideradas las mayores manifestaciones antigubernamentales en décadas en la isla.
El informe detalla que 729 de los detenidos son hombres y 46 mujeres. Además, incluye datos sobre grupos en situación de vulnerabilidad: 287 son afrodescendientes, 72 padecen enfermedades crónicas, 30 presentan discapacidad psicosocial, 26 son adultos mayores y 11 eran menores de edad al momento de su detención. También se contabilizan 17 madres, 141 opositores, 34 activistas o defensores de derechos humanos y ocho periodistas independientes.
La organización documentó asimismo patrones de presuntas violaciones de derechos humanos en centros penitenciarios, entre ellos agresiones físicas, aislamiento prolongado, traslados sin justificación, falta de atención médica y restricciones a la asistencia religiosa. Según el informe, estas condiciones contravendrían estándares internacionales como las Reglas Mandela y la Convención contra la Tortura.
Por su parte, el Gobierno cubano rechaza estas acusaciones y sostiene que los detenidos han sido procesados por delitos comunes, como sedición, desacato o desórdenes públicos, negando la existencia de presos políticos en el país.
El reporte se publica semanas después de un indulto anunciado por las autoridades el 2 de abril, que benefició a más de 2.000 reclusos pero excluyó a los condenados por delitos asociados a las protestas. Organizaciones independientes indicaron que no se pudo confirmar la liberación de presos políticos en ese proceso.
Aunque la cifra actual representa una disminución respecto a los niveles registrados en 2022 tras las protestas, distintas organizaciones continúan reportando centenares de personas encarceladas por motivos políticos en la isla.
Fuentes: Justicia 11J y CiberCuba
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