Captura de pantalla del video publicado por Bukele. Fuente: X
La ofensiva contra las organizaciones criminales ha cruzado las fronteras de El Salvador y ahora tiene como escenario a Haití. El presidente Nayib Bukele confirmó que militares salvadoreños desplegados en territorio haitiano participaron en una operación aérea contra la pandilla 400 Mawozo, cuyo supuesto centro de operaciones fue destruido. El mandatario compartió imágenes del ataque y aseguró que sus tropas cumplieron la promesa de golpear a una de las organizaciones criminales más temidas del país caribeño. Sin embargo, la intervención ha abierto un intenso debate internacional por la presencia de más de 2.000 militares salvadoreños, las condiciones legales de su despliegue y la falta de claridad sobre cuánto tiempo permanecerán en Haití. Mientras el Gobierno de Bukele defiende la misión, organizaciones de derechos humanos reclaman explicaciones y garantías para la población civil.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha vuelto a situar su estrategia de seguridad en el centro de la atención internacional. Esta vez, el escenario no es El Salvador, sino Haití, donde tropas de su país participaron en una operación militar contra la organización criminal 400 Mawozo.
A través de sus redes sociales, Bukele publicó un vídeo en el que se observan helicópteros militares sobrevolando una zona y atacando una propiedad señalada como el cuartel general de la pandilla. «Cumplimos nuestra promesa», escribió el mandatario.
El objetivo era una vivienda vinculada a Wilson Joseph, conocido como alias Lanmò San Jou, señalado como uno de los principales cabecillas de esta organización. Según informaciones difundidas por medios internacionales, el inmueble fue destruido, aunque su supuesto jefe no se encontraba allí durante el ataque.
La intervención forma parte del despliegue de más de 2.000 militares salvadoreños enviados a Haití a finales de octubre. Inicialmente, la misión fue presentada como una operación para localizar y rescatar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros.
Sin embargo, la presencia de estas tropas genera preguntas sobre sus competencias, las normas que regulan sus actuaciones y las garantías legales que tienen sus integrantes.
Amnistía Internacional ha pedido que se publique el acuerdo que permite la presencia militar salvadoreña y que se garantice el respeto a los derechos humanos.
El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa defendió la intervención y aseguró que no se trata de una ocupación, sino de una colaboración acordada con las autoridades haitianas. La situación resulta especialmente delicada en un país donde las pandillas mantienen el control de amplias zonas y millones de personas sufren las consecuencias de la violencia.
Mientras Bukele presenta la operación como un golpe contra el crimen organizado, la comunidad internacional sigue pendiente de una cuestión fundamental: quién controla estas tropas y cuáles son los límites de su actuación.
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