Un nuevo informe de la organización Justicia 11J revela que las familiares de los detenidos en la isla enfrentan tácticas de hostigamiento estatal que van desde detenciones arbitrarias y vigilancia policial hasta amenazas con la custodia de sus hijos y requisas vejatorias.
La represión en Cuba no se limita a quienes cumplen condena en las prisiones, sino que se extiende de manera implacable hacia sus círculos más cercanos. Según el informe titulado «Mujeres que sostienen la lucha», publicado por la plataforma independiente Justicia 11J, se han documentado 389 eventos represivos dirigidos contra 106 mujeres familiares de presos políticos entre el 11 de julio de 2021 y el 31 de octubre de 2026.
El análisis detalla que el 70 % de los casos registrados recayeron sobre 59 mujeres —madres, esposas, hermanas e hijas— de personas encarceladas directamente a raíz de las históricas protestas del 11J. El aparato de seguridad del Estado ha recurrido de forma sistemática a métodos punitivos que buscan silenciar el activismo pacífico. Entre las tácticas más repetidas destacan 102 citaciones e interrogatorios, 87 episodios de amenazas directas, 77 detenciones arbitrarias y 69 operativos de vigilancia o cerco policial en torno a las viviendas de las afectadas.
Asimismo, el documento pone el foco en las agresiones sufridas durante las visitas a los centros penitenciarios, donde se contabilizaron 66 represalias que incluyen desde la retención de alimentos y medicamentos hasta arrestos a la entrada o salida de las cárceles y la suspensión arbitraria de encuentros familiares. En al menos 22 situaciones, las autoridades recurrieron a prácticas de coacción extrema, utilizando a los propios presos como rehenes mediante amenazas de traslados a penales lejanos para doblegar las denuncias de sus parientes.
A este panorama de persecución política se suma una marcada dimensión de violencia de género institucional. El informe denuncia abusos específicos contra la mujer, tales como registros y desnudos forzados, así como presiones psicológicas que instrumentalizan la maternidad y la infancia, incluyendo amenazas de arrebatarles la custodia de sus hijos.
La presión estatal ha tenido un profundo impacto socioeconómico en las afectadas, muchas de las cuales han perdido sus empleos o se han visto obligadas a abandonarlos para compaginar la subsistencia familiar, las complejas gestiones legales y la constante denuncia pública. Con este registro, que antecede a la campaña internacional de los 16 días de activismo contra la violencia de género, Justicia 11J busca visibilizar cómo el Estado cubano vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales de quienes sostienen la exigencia de libertad en la isla.
Fuente: Justicia 11
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