La reciente ronda de sanciones anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó fuera a una de las principales figuras del aparato político cubano: el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

La decisión ha llamado la atención debido a que las medidas sí alcanzaron al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Peraza, al jefe de inteligencia Alejandro Castro Espín, a familiares de altos dirigentes y a varias instituciones consideradas pilares del sistema político y militar de la Isla.

Entre las entidades sancionadas figuran el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y varias empresas vinculadas al Estado cubano.

La exclusión de Marrero resulta particularmente significativa por tratarse del jefe de Gobierno y uno de los funcionarios de mayor rango dentro de la estructura estatal cubana. Su ausencia en la lista ha dado lugar a diversas interpretaciones y especulaciones en medios y espacios de análisis político, aunque hasta el momento no existe ninguna evidencia pública que permita concluir que responda a una estrategia específica de Washington.

Tras conocerse las sanciones, Marrero reaccionó públicamente a través de redes sociales para rechazar las medidas adoptadas por Estados Unidos. En su pronunciamiento, calificó las acciones como parte de una escalada de presión contra Cuba y expresó respaldo a las personas e instituciones incluidas en la lista.

La nueva ronda de sanciones forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración de Donald Trump desde comienzos de 2026. En mayo, Washington había sancionado a GAESA y otras entidades económicas consideradas claves para la obtención de divisas por parte del Estado cubano, mientras que posteriores medidas alcanzaron a funcionarios y organismos vinculados al aparato de seguridad del país.

Especialistas señalan que las designaciones de la OFAC responden a criterios definidos por la Orden Ejecutiva 14404 y no necesariamente incluyen a todos los altos cargos gubernamentales. La normativa permite sancionar a personas y entidades específicas que, a juicio de las autoridades estadounidenses, cumplen determinados requisitos establecidos por esa disposición.

La exclusión de Marrero, por tanto, mantiene abiertas las interrogantes sobre los criterios empleados en esta fase de las sanciones, en un contexto marcado por el incremento de las tensiones entre Washington y La Habana y por el endurecimiento de las medidas económicas dirigidas contra el Gobierno cubano.

Fuentes: CiberCuba

Recomendado para ti