El expresidente argentino Alberto Fernández, identificado tanto con el peronismo como con el kirchnerismo, fue procesado por la Justicia de su país bajo cargos de corrupción relacionados con la contratación de seguros durante su mandato (2019-2023). La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, quien también dictó un embargo sobre sus bienes y cuentas por más de 14.600 millones de pesos, equivalentes a unos 10 millones de dólares al cambio oficial.

Fernández, de 66 años, está acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, debido a un esquema de contratación de seguros a través de intermediarios privados para organismos estatales, cuando estas operaciones podrían haberse realizado directamente mediante Nación Seguros, la aseguradora del Banco Nación.

La causa surgió tras una investigación periodística del diario Clarín y fue instruida inicialmente por el juez Julián Ercolini. Posteriormente, el juez Casanello tomó el caso y describió en su resolución una “estructura criminal” montada desde el Estado para favorecer a corredores privados y desviar fondos públicos. En total, unas 40 personas fueron indagadas como parte del esquema, entre ellos funcionarios, brokers y empresarios.

El decreto que permitió este mecanismo fue firmado por el propio Alberto Fernández, quien autorizó que los entes estatales contrataran seguros a través de Nación Seguros, pero dejando abierta la posibilidad de intervención de intermediarios, quienes cobraban millonarias comisiones. Entre los más beneficiados, según el fallo, figuran tres grupos liderados por Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello.

Uno de los corredores era esposo de la entonces secretaria personal del mandatario, cuyo teléfono celular fue clave en la investigación. A través de los datos extraídos del dispositivo, también surgieron otros elementos que derivaron en una causa paralela por violencia de género, presentada por Fabiola Yáñez, expareja del expresidente y madre de su hijo menor. Por esta acusación, Fernández deberá enfrentar un juicio oral por “lesiones graves” y amenazas coactivas.

La defensa del exmandatario, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, sostiene que no hubo delito alguno y que el caso carece de pruebas concretas de sobreprecios o direccionamiento ilegal. “Lo que hubo fue un intento claro de instalar sospechas sin sustento”, afirmó Barbitta en declaraciones radiales.

El escándalo golpea con fuerza a la figura de Alberto Fernández, quien en su momento se presentó como una opción moderada dentro del kirchnerismo, prometiendo transparencia y una gestión “distinta”. Sin embargo, al finalizar su gobierno, enfrenta un procesamiento judicial que lo coloca en el centro de un caso emblemático sobre corrupción en la administración pública.

La investigación continúa y podría extenderse a otros exfuncionarios. El proceso marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre el poder político peronista y la Justicia argentina.

Fuente: Clarín

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