Un nuevo informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) reveló una realidad estremecedora sobre el sistema penitenciario en Cuba. Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, al menos 60 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado, la mayoría por falta de atención médica oportuna, malas condiciones de vida y violencia institucional.

El documento titulado “Lo que cuentan los números”, detalla que 47 fallecimientos fueron consecuencia directa de enfermedades físicas o mentales sin tratamiento adecuado, mientras que siete fallecimientos se vinculan a violencia física dentro de las prisiones.

A pesar de la gravedad de los hechos, no se ha reportado ninguna investigación oficial ni sanciones.

Durante el período analizado, el CDPC registró mil 858 eventos relacionados con el encarcelamiento, de los cuales mil 330 constituyen violaciones de derechos humanos. Las más comunes son el hostigamiento, la negación de atención médica, la falta de alimentos y las condiciones insalubres.

El informe también denuncia el uso de técnicas de tortura como la “cama turca”, “la bicicleta” y las “shakiras” (grilletes que inmovilizan por completo a los reclusos). Estas prácticas, señala la organización, forman parte de una política de castigo y represión sistemática, más que de hechos aislados.

La directora del CDPC Camila Rodríguez advirtió que el régimen cubano “viola abiertamente los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos” y pidió una vigilancia internacional constante, además de la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

El estudio también visibiliza la discriminación estructural dentro de las cárceles: de 545 víctimas identificadas, 329 fueron encarceladas por motivos políticos, entre ellas 41 mujeres, 175 personas afrodescendientes o mestizas, 99 enfermos crónicos y 9 personas con discapacidad.

La organización Prisoners Defenders alertó que, solo en septiembre, 13 nuevos presos políticos fueron añadidos a su lista, dos de ellos menores de edad, lo que eleva el total a mil 185 detenidos por razones políticas en Cuba.

El informe concluye que las cárceles cubanas siguen siendo espacios de represión, tortura y silencio, donde el Estado no protege la vida ni la dignidad humana.

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