Al menos 15 personas permanecen detenidas tras la protesta ocurrida el 7 de octubre en el reparto Santa Felicia, municipio Marianao, en La Habana, según informó la organización independiente Cubalex. La manifestación se produjo en medio de apagones prolongados y problemas con el abastecimiento de agua, una situación que, de acuerdo con vecinos, se ha vuelto insostenible en la zona.

Durante la protesta, residentes de Santa Felicia y del barrio Pogolotti salieron a las calles para exigir soluciones. Bloquearon una avenida y realizaron cacerolazos como muestra de su descontento por la falta de electricidad, que se extendía por horas. Testigos indicaron que en los días previos los cortes eléctricos habían sido constantes, afectando gravemente la vida cotidiana.

De acuerdo con Cubalex, los detenidos fueron trasladados al centro de detención VIVAC, en La Habana. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre sus identidades ni su situación legal.

Entre los arrestados se encontraba el activista Liván Gómez Castillo, coordinador en La Habana del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), quien fue liberado posteriormente. Según denunció la organización, durante su detención agentes de la Seguridad del Estado intentaron vincularlo con la protesta y con la aparición de carteles en Marianao. Sin embargo, videos revisados demostraron que no participó en la manifestación.

“La mayoría de los muchachos que se llevaron para el Vivac son de Marianao. Yo los vi, pero no recuerdo nombres. Había muchos. Para mi cuenta pasábamos de los 15”, relató Gómez Castillo tras su liberación.

Por otra parte, se confirmó que dos manifestantes fueron enviados a prisión preventiva en el penal Valle Grande. Uno de ellos fue identificado como Yuniel Serrano Batista. Ambos enfrentan cargos por Desórdenes Públicos. Según versiones de familiares y activistas citadas por Martí Noticias, uno fue acusado de incendiar un contenedor de basura y el otro de resistirse al arresto.

Cubalex advirtió que este caso se inscribe dentro de un patrón de represión y criminalización de las protestas pacíficas en Cuba, señalando que las autoridades continúan respondiendo con arrestos y sanciones a las expresiones de inconformidad ciudadana.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, respaldó esta denuncia y recordó que en lo que va de 2025 se han documentado más de 2.400 acciones represivas en el país, incluyendo cientos de detenciones arbitrarias. Solo en septiembre, el organismo registró 212 acciones represivas, entre ellas 39 detenciones y 173 actos de hostigamiento o abuso, en lo que calificó como “un mes negro para la libertad de expresión” en la isla.

Las organizaciones internacionales reiteran su llamado a las autoridades cubanas para que cesen la represión y garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, en un contexto marcado por la crisis económica, los apagones y la escasez de servicios básicos.

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