Nicolás Maduro enfrenta una nueva y grave batalla legal en Estados Unidos. Cinco familias venezolanas presentaron una demanda civil federal en Nueva York en la que lo responsabilizan por la presunta ejecución extrajudicial de al menos 1,300 personas durante operaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entre 2017 y 2020. El caso, respaldado por testimonios de familiares de las víctimas y por informes de organismos internacionales, busca romper el muro de impunidad que, según los demandantes, ha protegido durante años a los responsables de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. La acción judicial se suma a los procesos que ya enfrenta el gobernante venezolano en territorio estadounidense, elevando la presión legal sobre quien fuera durante más de una década la figura más poderosa del país sudamericano.

Nicolás Maduro enfrenta un nuevo frente judicial en Estados Unidos después de que cinco familias venezolanas presentaran una demanda civil federal en Brooklyn acusándolo de haber autorizado una política de ejecuciones extrajudiciales que dejó al menos 1,300 víctimas entre 2017 y 2020.

La acción legal fue interpuesta bajo la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991, una norma que permite a tribunales estadounidenses conocer demandas contra funcionarios extranjeros señalados por asesinatos extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos. La iniciativa fue promovida por el Centro Guernica 37, organización internacional especializada en litigios relacionados con crímenes de Estado.

Los demandantes, tres madres, un padre y una mujer cuyos dos hermanos murieron en operaciones policiales del régimen, que permanecen identificados con seudónimos por razones de seguridad, aseguran que sus familiares fueron asesinados durante operativos ejecutados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad policial creada durante el mandato de Maduro y ampliamente cuestionada por organismos internacionales.

Según los testimonios incluidos en la demanda, los agentes ingresaban en comunidades populares, detenían a jóvenes dentro de sus propias viviendas y posteriormente los ejecutaban. Las familias sostienen que, tras los asesinatos, los funcionarios manipulaban las escenas para simular enfrentamientos con delincuentes.

La demanda describe a las FAES como un “escuadrón de la muerte” utilizado para sembrar temor y controlar sectores vulnerables de la población. Esta acusación coincide con informes de Naciones Unidas que documentaron miles de muertes atribuidas a fuerzas de seguridad venezolanas durante esos años.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que los abogados buscan demostrar que las acciones no fueron hechos aislados, sino parte de una política respaldada desde las más altas esferas del poder. Para ello citan declaraciones públicas de Maduro en las que expresó apoyo a las FAES pese a las denuncias internacionales sobre abusos y ejecuciones.

El proceso representa el tercer desafío judicial que Maduro enfrenta en Estados Unidos. Además de esta demanda civil, continúa vinculado a un caso penal por narcoterrorismo y a una investigación relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero.

La defensa del dirigente venezolano podría intentar ampararse en la inmunidad que tradicionalmente protege a los jefes de Estado. Sin embargo, los abogados de las víctimas sostienen que existen precedentes legales que permiten avanzar en este tipo de reclamaciones cuando se trata de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y violaciones graves de derechos humanos.

De prosperar la demanda, el caso podría convertirse en uno de los procesos más importantes contra un exgobernante latinoamericano en tribunales estadounidenses y abrir un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para las víctimas de la represión en Venezuela.

Fuentes: The New York Times

CNN en Español

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