Los senadores republicanos Rick Scott y Tommy Tuberville anunciaron la reintroducción de la Ley de Negación de Ganancias a la Oligarquía Militar en Cuba y Restricción de Actividades del Aparato de Inteligencia Cubano (DEMOCRACIA, por sus siglas en inglés).

El proyecto de ley, inicialmente propuesto en octubre de 2021 tras la represión del 11J, busca intensificar las sanciones financieras y restringir las actividades económicas vinculadas al aparato de seguridad e inteligencia del régimen cubano. Además, pretende promover los derechos humanos y garantizar el acceso a internet sin censura en la Isla.

La legislación autoriza al presidente de EE.UU. a imponer sanciones económicas y restricciones de viaje a personas extranjeras o entidades que colaboren con el sector de defensa, inteligencia o seguridad del gobierno cubano. Los sectores y funcionarios que podrían verse afectados incluyen:

• Miembros del Partido Comunista de Cuba, incluyendo el Buró Político y el Comité Central.
• Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.
• Miembros de los Comités de Defensa de la Revolución.
• Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Oficina del Presidente de Cuba.
• Funcionarios judiciales que violen los derechos al debido proceso.

La ley también faculta al presidente para garantizar el acceso de los cubanos a un servicio de internet sin censura, utilizando todos los medios tecnológicos disponibles para contrarrestar la vigilancia y el bloqueo del régimen.

El senador Rick Scott, principal impulsor de la legislación, declaró: "Cuba es la raíz de la inestabilidad en América Latina y una amenaza constante para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con esta ley, continuamos los esfuerzos para cerrar las brechas de sanciones existentes y negar recursos a la dictadura de Díaz-Canel".

El senador Tuberville afirmó: "Estados Unidos no puede permanecer de brazos cruzados mientras el régimen comunista cubano comete abusos atroces contra los derechos humanos y mantiene a cientos de prisioneros políticos en sus cárceles. Si Cuba quiere seguir con su política represiva, debe enfrentar consecuencias severas".

La legislación también contempla sanciones contra cualquier entidad extranjera que financie, apoye o establezca acuerdos comerciales con el aparato de seguridad e inteligencia del régimen cubano. De ser aprobada, la Ley DEMOCRACIA impondría restricciones a transacciones económicas que beneficien directamente a la cúpula gobernante en Cuba.

El levantamiento de las sanciones estará condicionado a avances significativos en derechos humanos y democracia por parte del gobierno cubano. Entre las condiciones exigidas se encuentran:

• La liberación inmediata de todos los presos políticos.
• La legalización de partidos políticos independientes.
• Garantías de libertad de prensa y expresión.
• Elecciones libres y multipartidistas con supervisión internacional.

La Ley DEMOCRACIA fue presentada por primera vez en octubre de 2021 y ha contado con el respaldo de varios legisladores republicanos, incluidos los senadores Marco Rubio, Roger Marshall, Tommy Tuberville y Mike Braun, así como los congresistas Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar.

En un contexto de recrudecimiento de la represión en Cuba y denuncias de espionaje vinculado al régimen, la reintroducción de este proyecto de ley refuerza la postura de Estados Unidos contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel y busca cortar los recursos que sostienen su aparato de control y vigilancia.

En enero de 2025, el senador Rick Scott propuso al presidente Donald Trump la implementación de medidas más estrictas contra el régimen cubano, insistiendo en que EE.UU. debe mantener una política de máxima presión.

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