El escándalo sacude al municipio de La Lisa en La Habana, tras circular en redes sociales una denuncia sobre la supuesta detención de Yoamel Acosta Morales, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular y diputado al Parlamento cubano, por un presunto desfalco de motos eléctricas.

Sin embargo, las autoridades locales salieron rápidamente en su defensa, negando de forma tajante cualquier acusación.

El medio independiente La Tijera había publicado que Acosta Morales estaba bajo investigación por la desaparición de 20 motos eléctricas destinadas a entidades estatales, lo que generó un intenso debate entre los internautas.

Según la publicación, el funcionario habría estado implicado previamente en irregularidades administrativas, aunque sin pruebas oficiales que lo confirmaran.

Pocas horas después, la Asamblea Municipal de La Lisa publicó un comunicado en su página de Facebook titulado “Desmentido Oficial ante falsas alegaciones sobre el Presidente”, calificando la denuncia de “carente de veracidad”. El texto asegura que Yoamel Acosta continúa en funciones, liderando labores comunitarias y proyectos de limpieza en barrios vulnerables del municipio.

Aun así, la versión oficial no logró calmar las aguas. Muchos usuarios en redes sociales cuestionaron la falta de transparencia en la gestión pública y exigieron que se presenten documentos o investigaciones verificables que respalden la defensa del gobierno local.

El episodio evidencia una vez más la brecha informativa que existe en Cuba: medios estatales y alternativos ofrecen versiones opuestas, sin posibilidad de verificación independiente. En un contexto donde la corrupción ha alcanzado niveles preocupantes —con casos recientes en Mayabeque, Sancti Spíritus y Las Tunas—, cualquier denuncia despierta la sospecha ciudadana.

Aunque la Asamblea de La Lisa insiste en la inocencia de su presidente, muchos se preguntan si esta defensa es una muestra de respaldo político o una maniobra para evitar otro escándalo en plena crisis institucional.

Mientras tanto, la incertidumbre crece. Sin pruebas contundentes ni investigaciones abiertas al público, el caso de Yoamel Acosta Morales se suma a una larga lista de historias donde la verdad queda atrapada entre la censura, la desconfianza y el silencio oficial.

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