Familiares del transportista cubano Felipe Rodríguez Ledesma denuncian que su vida corre grave peligro tras más de 40 días en prisión, sin juicio ni atención médica adecuada, mientras depende de un marcapasos vencido que no ha podido ser sustituido.

Felipe Rodríguez Ledesma, de 68 años, transportista en San Antonio de los Baños, permanece detenido desde el 3 de marzo tras colocar en su triciclo un cartel con la frase: “No monto ni clarias ni chivatos, solo hombres libres”.

Su detención, según denuncias de familiares y vecinos, se mantiene sin que hasta la fecha exista un juicio ni información oficial sobre cargos concretos o una evaluación judicial del caso.

La situación ha generado preocupación adicional por su estado de salud, ya que depende de un marcapasos cuyo tiempo de funcionamiento venció el 23 de marzo, sin que haya sido posible su sustitución debido a la falta de equipos especializados en el sistema sanitario.

Sus allegados alertan que esta condición médica, sumada a su permanencia en prisión, representa un riesgo directo para su vida, al no contar con las condiciones mínimas de atención adecuada dentro del centro penitenciario.

La denuncia fue difundida por su hermana, Maggie Y. Ale Agüero, a través de redes sociales, donde responsabiliza a las autoridades por cualquier deterioro físico o mental que pueda sufrir el detenido.

De acuerdo con testimonios compartidos en plataformas digitales, durante el momento del arresto el hombre habría sido objeto de amenazas y presuntos malos tratos por parte de agentes policiales, hechos que han incrementado la indignación entre quienes siguen el caso.

Vecinos de la localidad describen a Felipe como un hombre trabajador y de carácter afable, lo que ha contribuido a la rápida difusión del caso y al apoyo expresado en redes sociales.

La controversia se originó por el mensaje colocado en su vehículo, el cual utilizaba expresiones del argot político cubano interpretadas por las autoridades como ofensivas, lo que derivó en su detención inmediata.

Posteriormente, la familia ha denunciado además la intención de confiscar su triciclo, un bicitaxi eléctrico adquirido con recursos propios, a pesar de no existir una resolución judicial firme.

Organizaciones independientes y activistas han señalado que el caso refleja preocupaciones sobre el respeto al debido proceso, la libertad de expresión y el uso de medidas punitivas frente a manifestaciones simbólicas.

El ICLEP (Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa) ha exigido públicamente garantías legales, transparencia en el proceso y el cese de represalias contra ciudadanos que ejercen su derecho a expresarse.

Mientras tanto, el estado de salud del detenido sigue siendo crítico, y su familia insiste en la necesidad de atención médica urgente y su liberación inmediata ante el riesgo que implica su permanencia en prisión.

Las familias y vecinos reiteran su llamado a la liberación inmediata del detenido, insistiendo en que su estado de salud requiere atención hospitalaria urgente y seguimiento especializado constante.

Fuentes: ICLEP

Cibercuba

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