El joven cubano Oscar Corría Sánchez, uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021, cumplió este domingo un mes detenido. Las autoridades lo acusan de desobediencia y desacato, cargos frecuentemente utilizados en Cuba contra activistas y opositores políticos.

Corría Sánchez, de 25 años, fue arrestado el pasado 2 de octubre en Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, después de acudir voluntariamente a una citación policial. Desde entonces, permanece recluido en una unidad de la Policía del propio municipio, sin que sus familiares hayan podido verlo.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el centro de asesoría legal Cubalex, la nueva detención del joven se produjo luego de que este se negara a incorporarse al sistema laboral estatal, una exigencia impuesta por las autoridades tras su liberación en septiembre de 2024, cuando cumplió tres años y medio de prisión por su participación en las protestas del 11J.

“La decisión de Oscar de no trabajar para el Estado generó amenazas y maltrato en la estación policial”, relató su hermana, en declaraciones difundidas por Cubalex.

El pasado 30 de octubre, familiares que acudieron a la estación policial aseguraron que no se les permitió verlo ni entregarle ropa limpia. Tras su detención, el joven se declaró en huelga de hambre como forma de protesta, aunque sus allegados desconocen si mantiene la medida, debido a la falta de información oficial.

“No han ofrecido detalles sobre su estado de salud ni las condiciones en que se encuentra”, denunció Cubalex.

Organizaciones como Prisoners Defenders advierten que muchos manifestantes del 11J liberados tras cumplir sus condenas continúan bajo vigilancia y hostigamiento policial. Según estas entidades, el régimen utiliza figuras como la “peligrosidad social” para procesar o reencarcelar a personas consideradas “potencialmente peligrosas”, incluso sin que hayan cometido nuevos delitos.

El caso de Oscar Corría Sánchez refleja el clima de represión persistente en Cuba más de tres años después de las protestas masivas de julio de 2021, y pone nuevamente en evidencia la falta de garantías legales y transparencia en los procesos contra los disidentes del régimen.

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