El periódico oficialista Venceremos publicó una crítica inusual: el Mercado Agropecuario La Punta, reabierto el pasado 11 de abril tras una costosa remodelación y presentado como un “logro” local, hoy se encuentra prácticamente vacío. La imagen difundida por el propio medio provincial —tomada el 22 de noviembre al mediodía— muestra un recinto sin alimentos, sin clientes y sin vida. Un mercado estatal que debía convertirse en referente de abastecimiento terminó revelando, una vez más, la profunda inoperancia del sistema agrícola y comercial controlado por el Gobierno.

La reapertura de La Punta se anunció con expectativas de “servicio de calidad”, diversidad de productos, pagos electrónicos y precios “asequibles”, muy por debajo de los que ofrecían los vendedores privados antes de ser expulsados del recinto. Se prometió carne, condimentos, maíz molido y otros alimentos básicos. Sin embargo, apenas unos meses después, las promesas se derrumbaron: la escobita nueva barrió bien… y después dejó de barrer.

Ni siquiera el huracán Melissa puede servir ahora de excusa. Venceremos reconoce que el desabastecimiento viene “desde mucho antes”. La destrucción no la provocó un meteoro, sino la incapacidad crónica del sector estatal para producir y surtir de manera estable.

Lo más llamativo es que, según la propia información oficial, La Punta depende de un amplio entramado de suministradores: polos productivos como Arroyo Hondo, Chutines, La Jabilla y Santa María; cinco Cooperativas de Créditos y Servicios del municipio; casas de cultivo tapado; productores de la Agricultura Urbana y usufructuarios vinculados a la Empresa Municipal Agroindustrial Guantánamo. Con tantos proveedores, el mercado debería ser un punto de abastecimiento sólido. Pero la realidad es la contraria: estantes vacíos, ausencia total de mercancías y un servicio que se ha desplomado en pocos meses.

Esta situación ocurre en paralelo a una ofensiva feroz del Gobierno provincial contra los trabajadores por cuenta propia, acusados diariamente de “precios abusivos y especulativos”. En los últimos días, Guantánamo ha sido escenario de multitudes de inspecciones, decomisos, cierres de negocios y multas amparadas en el Decreto 30 y el Decreto Ley 91. Mientras el mercado estatal —que debería garantizar alimentos a precios regulados— permanece desierto, las autoridades dirigen todos sus esfuerzos a reprimir a quienes realmente mantienen la oferta disponible: los cuentapropistas.

El contraste es evidente. Los mercados estatales remodelados lucen impecables… pero vacíos. En cambio, los vendedores privados, que llenan los huecos dejados por la ineficiencia gubernamental, son perseguidos, sancionados y criminalizados. El discurso oficial insiste en culpar al sector no estatal por los altos precios, cuando es precisamente el colapso del sistema agrícola estatal el que obliga a la población a recurrir al mercado informal para poder comer.

En lugar de reconocer el fracaso estructural de su modelo productivo y comercial, el Gobierno opta por penalizar a quienes sí logran sacar productos adelante, a pesar de la falta de combustible, transporte, insumos y libertad económica. La imagen del mercado La Punta vacío no es un hecho aislado: es un símbolo del deterioro del sistema estatal de abastecimiento y de una política económica que castiga la iniciativa privada en vez de estimularla.

Fuente: Venceremos

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