El estatal diario Granma, se vio obligado a publicar un estractado de los miles de denuncias que han llegado a su redacción en los últimos días mientras se acerca el ordenamiento monetario.

Como siempre, el rotativo buscó el camino de condenar al sector privado, haciéndolo quedar como oportunista y además responsable de la subida descontrolada de los precios.

Así exponen las quejas de los ciudadanos:

Carlos M. Castillo Gámez, residente en el municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana, escribe que en la zona donde vive, y en Centro Habana, son abusivos los precios de los productos del agro que venden los carretilleros, en especial de la cebolla y el tomate. Ante cualquier requerimiento, los vendedores responden que los precios límites son para los estatales, pero ellos venden «por pata y ristra». Justificaciones.”Si vas al mercado de 19 y B, que frecuento bastante, no hay día que no tenga que exigir mi derecho con precios y peso”, alega.

Carlos M. Leopoldo Gutiérrez, otro lector, pero esta vez de Centro Habana, denuncia que el sábado 5 de diciembre pasó por la panadería de Neptuno y Belascoaín, donde vendían el pan liberado redondo a 2.00 pesos. Los churros de 3.00 y 5.00 pesos ahora cuestan entre 8.00 y 9.00 pesos, también comenta.

Yoel Almeida, desde Cárdenas, en Matanzas, trabajador del sector hotelero, describe su panorama este diciembre: pelarse le costó 40 pesos y la carne le salió a 50. “Todo ha subido por las nubes y ni siquiera han subido los salarios”, comenta preocupado, pues hace siete meses que no trabaja.

Rosendo agrega en nuestra web que entre los vendedores particulares los cigarros están entre 30 o 35 pesos, y las cervezas a 60 pesos. ¿Por qué los particulares tienen esos productos y los estatales no?, se pregunta.

Las cartas de los cubanos también exponen soluciones razonables, muchos abogan que “el Estado haga la competencia y tenga un suministro estable, de calidad y a precios razonables”.

Además piden  “seguir el hilo para llegar a los lugares de donde salen los productos que se venden a sobreprecio”.

Por otro lado, piden que “en el sector particular como en el estatal, debe erradicarse el descontrol y el compadreo que incide en la aceptación a la impunidad; así como que se apliquen severas sanciones a los inspectores corruptos, y no solo se les expulse de sus trabajos. También urge que se remuevan de sus cargos a los cuadros que permiten irregularidades de precios en sus territorios.

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