Mientras sus partidarios lo ven como una herramienta para reforzar la seguridad pública, sus críticos lo describen como un catalizador de discriminación racial y generador de miedo en las comunidades inmigrantes. En definitiva ¿qué es el Programa 287(g)? 

El Programa 287(g), introducido en 1996 bajo la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes, permite a ICE delegar a las fuerzas policiales estatales y locales ciertas funciones de control migratorio, bajo la supervisión del organismo federal. Según ICE, su objetivo principal es "identificar y remover a no ciudadanos que son sujetos a remoción de Estados Unidos".

En la práctica, esto significa que oficiales capacitados pueden acceder a bases de datos migratorias y emitir órdenes de retención para individuos detenidos por delitos locales, manteniéndolos bajo custodia mientras ICE decide su deportación. Según datos oficiales de ICE, en mayo de 2024 un total 60 agencias del orden público en 16 estados participaban en el modelo JEM (Aplicación de Leyes dentro de Cárceles), mientras que otras 75 agencias en 11 estados operaban bajo un modelo más limitado.

En el año fiscal 2022, el Programa 287(g) encontró a aproximadamente 492 no ciudadanos condenados por agresión, 696 condenados por delitos relativos a drogas peligrosas, 254 condenados por delitos/agresiones sexuales, 171 condenados por obstruir a la policía, 117 condenados por delitos de armas y 36 condenados por homicidio. 

Defensores del programa como Jeffrey Gahler, sheriff del condado de Harford en Maryland, aseguran que no se trata de "detener a la gente en la calle después de decirles 'muéstrame tus papeles'", sino de actuar sobre personas arrestadas por delitos. Según Gahler, "los inmigrantes indocumentados deben asumir la responsabilidad de sus actos ilegales, además de la infracción de las leyes migratorias".

Sin embargo, para organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el programa promueve la discriminación racial y erosiona la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden.

Todd Schulte, de FWD.us, destacó que esta política "perjudica a las familias, empeora la seguridad pública y daña la economía". Incluso dentro de ICE, hay debates sobre la eficiencia del programa. Según Jason Houser, exjefe de personal de la agencia, en áreas rurales los recursos invertidos en capacitar a oficiales locales podrían ser mejor utilizados en actividades más efectivas, como la búsqueda de inmigrantes con antecedentes penales graves.

El retorno de Trump al poder promete intensificar las deportaciones masivas y reactivar este programa en todo su potencial.

"El primer día, el presidente Trump pondrá en marcha todos los resortes de su poder para proteger la frontera y lanzar la mayor operación de deportación masiva de delincuentes inmigrantes ilegales de la historia", ha dicho Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición de Trump. En su reciente visita a Texas, Tom Homan, exdirector interino de ICE y actual asesor clave en materia migratoria, expresó: "No vamos a esperar hasta enero. Vamos a poner en marcha un plan y proteger esta nación".

Prometió "quitarle las esposas a ICE", una frase que ha sido interpretada como un compromiso para relajar restricciones previas impuestas al organismo durante la administración de Joe Biden.

El programa 287(g) podría convertirse en un campo de batalla legal, enfrentando a los gobiernos locales contra la Administración Federal. Las críticas hacia el programa se intensifican cuando se analizan los casos de abuso y la falta de preparación de las fuerzas locales para asumir funciones migratorias, como han señalado múltiples activistas y organizaciones.

Con la toma de posesión de Donald Trump, el programa 287(g) parece destinado a convertirse en una pieza central de su política migratoria. Su reactivación también promete desencadenar conflictos legales y sociales que podrían prolongarse durante todo su mandato.

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