La administración del presidente Donald Trump ha ordenado un profundo redireccionamiento de las funciones operativas del Buró Federal de Investigaciones (FBI), desplazando a miles de agentes desde tareas de contraterrorismo y delitos financieros hacia labores de control migratorio. La medida, revelada en documentos internos y reportada por medios como NBC y Reuters, afecta a las oficinas de campo del FBI en todo el país, especialmente las ubicadas en grandes centros urbanos.

De acuerdo con los nuevos lineamientos, hasta el 45% del personal operativo deberá dedicarse a funciones migratorias. En ciudades como Atlanta, la mitad de los agentes han sido reasignados para realizar tareas de control de visas y deportaciones. En Los Ángeles, se han creado nueve nuevos escuadrones especializados para perseguir a personas indocumentadas, incluso si no tienen antecedentes penales. Esta expansión apunta a alcanzar un total de 2,000 agentes del FBI centrados exclusivamente en inmigración.

“Este tipo de redirección institucional no solo desconcierta a los agentes, sino que compromete las misiones históricas del FBI en áreas clave como la contrainteligencia y el crimen organizado”, advirtió un oficial bajo condición de anonimato.” Las preocupaciones también surgen dentro de las propias filas de la agencia, donde muchos consideran que esta iniciativa va en contra del espíritu de su labor.

Este viraje ocurre en un momento en que el FBI enfrenta recortes presupuestarios del 5% y se ha aprobado la jubilación anticipada de cientos de empleados, lo que amplifica el impacto de la reestructuración. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha instruido a sus fiscales a moderar la persecución de delitos corporativos, privilegiando la estabilidad empresarial sobre la aplicación rigurosa de la ley.

“Las investigaciones federales pueden interferir con las operaciones normales de las empresas y causar daños innecesarios a su reputación”, señala uno de los memorandos internos del Departamento. “Este cambio de paradigma pone en duda el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas en el sector privado y genera alarma sobre la relajación del control frente a delitos de cuello blanco.”

En paralelo, activistas proinmigrantes han alertado sobre un aumento del temor en las comunidades migrantes. “Vamos a perseguir a personas que trabajan y contribuyen a la economía mientras los verdaderos criminales quedan en libertad”, criticó Juan José Gutiérrez, portavoz de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes.

Esta combinación de medidas podría debilitar la confianza ciudadana en las instituciones y aumentar la vulnerabilidad frente a amenazas más graves, como el terrorismo o el espionaje extranjero.

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