El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha intensificado su ofensiva migratoria al anunciar que su administración planea revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que sean condenados por fraude, según reportes de medios internacionales. Esta medida forma parte de una estrategia de “tolerancia cero” contra el fraude y los abusos en el sistema migratorio, pero ha generado alarma entre juristas y defensores de derechos civiles que señalan riesgos legales y sociales serios.

Trump hizo el anuncio durante un discurso en el Economic Club of Detroit, donde afirmó que la ciudadanía es “un privilegio, no un derecho”, y que quienes la obtengan de forma fraudulenta o cometan delitos graves “deberán perder ese privilegio”. El mandatario enfatizó que su gobierno actuará con dureza para castigar a quienes defrauden o perjudiquen a ciudadanos estadounidenses, prometiendo incluso prisión y deportación para los responsables.

La idea de revocar la ciudadanía no es nueva en el debate político estadounidense, pero el alcance de la propuesta de Trump representa un salto significativo respecto a prácticas previas. La desnaturalización —como se conoce legalmente a la revocación de la ciudadanía— es un proceso que existe desde principios del siglo XX y tradicionalmente se ha aplicado de forma muy limitada, por ejemplo, a personas que obtuvieron la naturalización mediante engaños graves o por ocultar antecedentes delictivos relevantes.

Sin embargo, según informes recientes, la Administración de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha enviado directrices internas para identificar entre 100 y 200 posibles casos de desnaturalización cada mes, un volumen muy superior a los escasos casos que se tramitaban de forma rutinaria en años anteriores. Esto ha llevado a que expertos y abogados especializados en inmigración adviertan que la medida podría politizar la ciudadanía y generar inseguridad jurídica entre millones de naturalizados.

Además, organizaciones de derechos humanos y grupos civiles han expresado preocupación de que este enfoque pueda utilizarse de manera amplia y punitiva, afectando no solo a quienes cometen fraude claro y comprobado, sino potencialmente a ciudadanos que enfrentan procesos complejos basados en viejos errores administrativos o interpretaciones ampliadas de la ley.

Legales destacan que cualquier revocación de ciudadanía requiere un proceso judicial federal, donde el gobierno debe demostrar que la naturalización fue obtenida de forma fraudulenta o que el individuo ocultó información crucial. Aun así, la ampliación de estas prácticas podría traer implicaciones profundas sobre la seguridad jurídica y los derechos civiles de los inmigrantes naturalizados en Estados Unidos.

Fuentes: Reuters, The Guardian, Time, Business Standard.

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