La administración del presidente Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita continuar con las deportaciones rápidas de inmigrantes hacia países distintos a sus lugares de origen, una política que ha sido cuestionada por tribunales inferiores.

La solicitud busca suspender temporalmente las órdenes judiciales que establecen que los migrantes deben tener una oportunidad significativa para presentar objeciones antes de ser enviados a un tercer país donde no tienen vínculos.

Según informó U.S. News, el Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia ante el máximo tribunal después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, respaldara la decisión de un juez federal que consideró ilegal la aplicación de esta política sin determinadas garantías procesales.

El Gobierno argumenta que las restricciones judiciales dificultan las operaciones de deportación y pueden provocar retrasos en acuerdos alcanzados con otros países. Como ejemplo, sus abogados señalaron que fue cancelado un vuelo con 70 personas que serían trasladadas a tres países diferentes.

La administración sostiene que los gobiernos de los países receptores ofrecen garantías diplomáticas de que los deportados no serán perseguidos ni sometidos a torturas.

El programa permite enviar a terceros países a inmigrantes que no pueden ser deportados directamente a sus naciones de origen, entre ellos algunos que cuentan con órdenes finales de expulsión pero han recibido protección para no ser enviados a sus países debido a posibles riesgos.

Desde que comenzó a aplicarse esta política, más de 25.000 inmigrantes han sido enviados a al menos 29 terceros países, según datos citados por Reuters y organizaciones de derechos humanos. México ha recibido a la mayoría, aunque también se han realizado deportaciones hacia países de África, América Latina y otras regiones.

Los tribunales inferiores han considerado que los migrantes deben contar con una oportunidad real para alegar que podrían enfrentar persecución o tortura en el país al que serían enviados. La decisión del Primer Circuito no elimina completamente las deportaciones a terceros países, pero establece requisitos adicionales antes de ejecutarlas.

La administración Trump sostiene que esas exigencias generan obstáculos para una política que considera necesaria para ejecutar las órdenes de deportación. La defensa de los migrantes, por su parte, sostiene que las garantías procesales son necesarias cuando una persona puede ser enviada a un país con el que no tiene ninguna relación.

La Corte Suprema deberá decidir ahora si suspende las órdenes de los tribunales inferiores mientras continúa el litigio sobre la legalidad del programa.

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