La Administración del presidente Donald Trump puso en marcha una política que está generando alarma y rechazo entre defensores de derechos humanos y abogados de inmigración: la retirada de cientos de niños migrantes de sus hogares en Estados Unidos para colocarlos bajo custodia del gobierno federal.

Según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto, esta práctica implica que menores que ya residían en territorio estadounidense, a menudo desde hace años, sean separados de sus familias y enviados a instalaciones del gobierno o centros de detención administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

"Está causando un caos total," denunció Cathleen Caron, abogada, fundadora y directora ejecutiva de Justicia en Movimiento, en una entrevista para Café CNN. Según Caron, estas políticas impulsadas por la Administración Trump están cortando “procesos bien establecidos” para la protección y bienestar de los niños migrantes. La abogada advirtió que el gobierno está actuando sin transparencia y sin proporcionar a las familias información adecuada sobre la situación y paradero de los menores.

Fuentes cercanas al proceso, entre ellas CNN en español, revelan que funcionarios federales acuden a los hogares de familias migrantes en diversas comunidades del país, en ocasiones sin previo aviso. Allí proceden a retirar a los niños y trasladarlos a la custodia federal, con escasa o nula participación de las familias en el proceso. La falta de información y la complejidad del sistema gubernamental hacen que la liberación de los menores resulte cada vez más difícil.

"Estamos viendo cómo el gobierno arranca a niños de brazos de sus padres y los coloca en un sistema opaco que hace casi imposible su liberación," afirmó un abogado especializado en derechos de los migrantes. "Estas acciones no solo generan un trauma profundo en los menores, sino que violan principios básicos de derechos humanos y debido proceso."

Las autoridades justifican estas acciones, en ciertos casos, citando supuestas preocupaciones de bienestar infantil. Sin embargo, organizaciones como la American Civil Liberties Union sostienen que no hay pruebas consistentes que respalden estas decisiones. En su opinión, la política parece estar diseñada para infundir miedo en las comunidades migrantes y actuar como un mecanismo de disuasión frente a la inmigración irregular.

"Estamos documentando múltiples casos en los que no existía evidencia de abuso o negligencia en el hogar, y aun así los niños fueron sacados," aseguró un representante de una ONG que brinda apoyo legal a familias afectadas. “El sistema está siendo manipulado para implementar una política de separación encubierta.”

El precedente inmediato de esta práctica es la ampliamente criticada separación familiar implementada por la Administración Trump en la frontera sur en 2018. Aquella política provocó un escándalo internacional y llevó a la separación de miles de niños de sus padres en centros fronterizos.

Aunque fue formalmente suspendida tras la presión pública, abogados y defensores de los derechos humanos temen que las actuales acciones representen un resurgir de prácticas similares, ahora enfocadas en familias ya asentadas dentro del país.

Por el momento, el gobierno no ha ofrecido una declaración oficial detallada sobre el alcance ni la justificación de esta nueva ola de separaciones. Mientras tanto, el número de casos continúa aumentando y las familias afectadas enfrentan procesos legales complejos y dolorosos en su lucha por la reunificación con sus hijos.

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