La administración del presidente Donald Trump ha aprobado un nuevo paquete fiscal que transforma profundamente el sistema migratorio de Estados Unidos, imponiendo por primera vez tarifas para solicitar asilo y reduciendo la duración de los permisos de trabajo. El llamado por Trump “gran y hermoso proyecto de ley” marca un giro histórico al eliminar la gratuidad de procesos destinados a personas vulnerables.

Uno de los cambios más relevantes es que los solicitantes de asilo político deberán pagar 100 dólares al presentar su solicitud. Esta tarifa, que antes no existía, no será reembolsable ni podrá ser eximida, sin importar la situación económica del solicitante. Además, se cobrará un cargo adicional de 100 dólares por cada año que el caso permanezca sin resolución.

El gobierno inicialmente propuso una tarifa de 1,000 dólares, pero esta fue reducida tras negociaciones en el Congreso. Aun así, la medida ha generado fuerte crítica por parte de defensores de migrantes, quienes advierten que la tarifa afectará a personas que huyen de la persecución y carecen de recursos.

Carlos Moctezuma García, abogado de inmigración en McAllen, Texas, afirmó que estas tarifas podrían disuadir a personas legítimamente necesitadas de buscar protección. “Las personas que llegan sin recursos o huyen de sus países tienen acceso limitado a estabilidad financiera. Será mucho más difícil para ellas presentar solicitudes”, dijo.

Otros trámites también sufrirán aumentos considerables. La solicitud para el Estatus de Protección Temporal (TPS) pasará de 50 a 500 dólares, y quienes soliciten el estatus de inmigrante juvenil especial (SIJ) deberán pagar 250 dólares, a pesar de que antes era gratuito.

Para quienes obtengan libertad condicional (parole), el costo será de 1,000 dólares, aunque con excepciones por motivos médicos o reunificación familiar. Mientras tanto, el Documento de Autorización de Empleo (EAD) costará 550 dólares para solicitantes de asilo, personas con TPS o parole. Su vigencia será de un año, a pesar de que inicialmente Trump propuso renovarlos cada seis meses.

La renovación de permisos de trabajo tendrá un costo de 275 dólares. Además, si una solicitud de asilo es denegada, el permiso de trabajo quedará automáticamente invalidado.

En cuanto a las apelaciones y otros procedimientos migratorios, también se aplicarán aumentos sustanciales. Apelar una decisión judicial pasará de costar 110 a 900 dólares. Cambiar el estatus migratorio a residente permanente costará 1,500 dólares, y solicitar la cancelación o suspensión de una orden de deportación tendrá una tarifa de 600 dólares.

La administración justifica estos cambios como una forma de financiar el sistema migratorio y reducir el fraude. Parte de los fondos recaudados se destinarán al Departamento de Seguridad Nacional y a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Sin embargo, críticos como García sostienen que el impacto será devastador para los más vulnerables. “El gobierno quiere disuadir a quienes no pueden costear la solicitud. Desafortunadamente, eso también afecta a quienes sí califican y necesitan protección real”, concluyó.

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