El gobierno del presidente Donald Trump ordenó a los estados de EE.UU. que deshagan los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) realizados la semana pasada, luego de que la Corte Suprema suspendiera las resoluciones que autorizaban esos beneficios. La medida afecta a millones de estadounidenses que dependen del programa para acceder a alimentos básicos.

La decisión del Departamento de Agricultura se produce en medio de un enfrentamiento legal que ha generado incertidumbre sobre la operatividad del SNAP, que actualmente beneficia a 42 millones de personas en todo el país. Más de dos docenas de estados advirtieron sobre “interrupciones operativas catastróficas” si el gobierno no reembolsa los beneficios previamente emitidos.

Organizaciones sin fines de lucro y fiscales generales demócratas habían demandado a la administración Trump en noviembre, buscando garantizar la continuidad del programa. Sus fallos permitieron que la semana pasada los estados liberaran los pagos, asegurando alimentos a millones de residentes. Sin embargo, antes de la suspensión de esas resoluciones por la Corte Suprema, el gobierno federal se resistió a reembolsar los beneficios, generando preocupación sobre la disponibilidad de fondos en estados como Wisconsin, que cargó los pagos a tarjetas para 700,000 residentes, incluidos 270,000 niños, según la administración del gobernador demócrata Tony Evers.

El Departamento de Agricultura advirtió que los estados deben deshacer inmediatamente los pagos completos emitidos en noviembre de 2025. Patrick Penn, subsecretario adjunto de Agricultura, escribió a los directores estatales del SNAP:

“En la medida en que los estados enviaron archivos de pago completos del SNAP para noviembre de 2025, esto no estuvo autorizado. Por consiguiente, los estados deben deshacer de inmediato cualquier medida tomada para emitir los beneficios completos”.

Los estados alertaron que la exigencia federal podría generar un riesgo operativo grave, dejar a los proveedores sin cobrar y aumentar las demandas judiciales. La demanda presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito advierte que los estados podrían enfrentar la devolución de cientos de millones de dólares, afectando directamente a los residentes que dependen de estos pagos.

El gobernador Evers respondió de manera contundente:

“No. Wisconsin cargó legalmente los beneficios a las tarjetas conforme a una orden judicial vigente, garantizando acceso a alimentos para casi 700,000 residentes. Tras ello, la Administración Trump aseguró que los fondos estarían disponibles, pero hasta la fecha no lo han hecho”.

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