El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, derogó un conjunto de regulaciones vinculadas al programa de visas temporales H-2A, el cual permitía a empleadores agrícolas contratar trabajadores extranjeros de forma legal y temporal.

Esta decisión forma parte de un paquete de 63 acciones desregulatorias adoptadas por el Departamento de Trabajo (DOL), con el argumento de impulsar el empleo interno y reducir cargas consideradas excesivas para los empleadores.

El programa H-2A ha sido durante años una herramienta central para el sector agrícola estadounidense, utilizado para contratar a más de 300,000 trabajadores cada año, en su mayoría provenientes de México y Centroamérica. Según datos del propio Departamento de Trabajo, solo en el año fiscal 2024 fueron certificadas más de 384,900 plazas bajo este sistema.

La eliminación de regulaciones que facilitaban esta contratación impacta a una parte significativa de la fuerza laboral rural del país.

Las regulaciones derogadas incluían protecciones laborales fundamentales. Entre ellas se encontraban la prohibición de confiscar documentos a los trabajadores, el derecho a sindicalizarse, la obligación de respetar políticas de seguridad como el uso de cinturones en vehículos, y normas disciplinarias que regulaban las relaciones laborales. Su supresión, según las autoridades, responde a una revisión que identificó supuestos abusos estructurales dentro del programa.

La secretaria del Departamento de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, defendió la medida como una forma de liberar a las empresas de restricciones que, según ella, inhibían el crecimiento económico y aumentaban la inflación. En esa misma línea, el subsecretario Keith Sonderling subrayó que la intención es fomentar oportunidades para trabajadores locales como parte de un plan para restaurar la “prosperidad estadounidense”.

Sin embargo, la cancelación de estas medidas ocurre en un contexto donde no existen alternativas inmediatas para reemplazar la mano de obra extranjera temporal que históricamente ha sostenido la producción agrícola.

Según documentos oficiales, las normativas derogadas eran parte de la implementación de una norma de 2024 promovida durante el mandato de Joe Biden, diseñada para proteger los derechos de los trabajadores del campo y establecer condiciones más justas en los empleos ofrecidos.

La falta de trabajadores suficientes podría traducirse en menores volúmenes de producción. En cultivos sensibles al tiempo de cosecha, como tomates o fresas, cualquier retraso puede causar pérdidas irreversibles. Esto reduce la oferta de productos agrícolas disponibles en el mercado nacional.

La ley de la oferta y la demanda indica que, si la oferta de alimentos disminuye y la demanda se mantiene constante, los precios tienden a subir. Esto puede impactar directamente a los consumidores, especialmente a las familias con menos recursos, que destinan una mayor parte de su ingreso a la compra de alimentos.

El encarecimiento de los costos agrícolas (derivado de menor eficiencia, pérdidas de cosecha o aumento en los salarios ofrecidos para atraer trabajadores locales) puede trasladarse al resto de la cadena de distribución, afectando también a transportistas, minoristas y supermercados. Esto puede ocasionar retrasos, desabastecimientos o encarecimiento de productos básicos.

Por lo que si la producción nacional disminuye, Estados Unidos podría verse obligado a importar más alimentos desde el extranjero para suplir la demanda interna. Esto introduce riesgos adicionales, como la volatilidad del comercio internacional, variaciones en precios globales o afectaciones por conflictos geopolíticos o climáticos en países proveedores.

El gobierno ha anunciado que continuará evaluando nuevas acciones regulatorias, mientras se mantiene la suspensión temporal de la norma anterior y se dirime su legalidad en tribunales. En este escenario, sectores clave de la economía rural estadounidense enfrentan una situación incierta con implicaciones directas sobre su operatividad y sostenibilidad.

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