El cierre del gobierno federal de Estados Unidos, ya convertido en el más largo de la historia con 42 días consecutivos, continúa afectando sectores críticos, y el transporte aéreo es uno de los más golpeados. Hace unas horas, el secretario de Transporte Sean Duffy advirtió que se podrían tomar “medidas” contra los controladores aéreos que se ausenten de sus puestos alegando falta de salario.

La situación es tensa. Miles de controladores no están cobrando y muchos deciden ausentarse por motivos de salud o precaución, lo que ha obligado al gobierno a reducir en un 10% el tránsito aéreo en los 40 aeropuertos más concurridos del país.

Esta medida se traduce en retrasos masivos y cancelaciones de vuelos, afectando a viajeros que se preparan para las festividades de Acción de Gracias. Solo este martes, más de 1,200 vuelos permanecieron en tierra y otros 3,200 sufrieron demoras significativas.

Trump, en un intento de presionar al personal, propuso recortar el sueldo de quienes no se presenten a trabajar y, al mismo tiempo, entregar un bono de $10,000 a quienes cumplan con sus jornadas. Duffy, en rueda de prensa desde Chicago, aseguró que se está evaluando a los controladores que de manera reiterada no se presentan y subrayó su preocupación por la dedicación y el patriotismo del personal.

A pesar de las amenazas, el secretario también reconoció que la situación ha mejorado ligeramente: “Hoy vemos menos problemas de personal porque muchos trabajadores sienten que el cierre podría terminar pronto, tras los avances en el Senado”. Efectivamente, la Cámara Alta aprobó recientemente una extensión presupuestaria con el apoyo de algunos demócratas y republicanos, un paso que podría reabrir el gobierno si la medida es confirmada por la Cámara de Representantes y firmada por Trump.

Mientras tanto, la tensión crece entre ciudadanos y aerolíneas, que enfrentan un aumento de quejas y cancelaciones. La falta de salarios y la incertidumbre sobre la reapertura del gobierno han convertido la operación aérea en un caos, con pasajeros atrapados en aeropuertos y familias preocupadas por sus planes de viaje.

Expertos advierten que si el cierre se prolonga, la situación podría empeorar, afectando aún más la logística, el turismo y el comercio, además de generar un estrés adicional al personal esencial que mantiene los vuelos en funcionamiento.

La combinación de sanciones, bonos y presión mediática deja en evidencia la fragilidad del sistema ante decisiones políticas prolongadas, y pone sobre la mesa un debate crítico sobre derechos laborales y seguridad en el transporte aéreo.

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