La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma con más de dos siglos de antigüedad, para facilitar la deportación de migrantes considerados una amenaza para la seguridad nacional.

Esta decisión respalda una apelación presentada por la administración del presidente Donald Trump, quien impulsó el uso de esta legislación durante su mandato.

La ley, promulgada originalmente en 1798, fue concebida para tiempos de guerra y permite al presidente ordenar la expulsión de ciudadanos extranjeros provenientes de países considerados enemigos del Estado.

Aunque su uso ha sido extremadamente raro en la historia reciente, la administración Trump comenzó a invocarla para justificar deportaciones aceleradas, especialmente en casos de migrantes provenientes de Venezuela y otras naciones con regímenes considerados hostiles.

Según informó CNN, el fallo del alto tribunal revoca una orden previa del juez federal James Boasberg, quien había bloqueado la aplicación de la ley en un caso específico relacionado con cinco ciudadanos venezolanos.

La nueva decisión permite al gobierno proceder con las deportaciones, siempre que los migrantes reciban notificación adecuada y la posibilidad de apelar mediante recursos de habeas corpus.

La medida ya ha tenido consecuencias concretas: más de 200 venezolanos han sido deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos.

Desde el ámbito oficial, la decisión fue celebrada por figuras clave del entorno de Trump. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificaron el fallo como una "victoria histórica para el Estado de derecho".

Trump se pronunció en su red social Truth Social, afirmando que este paso fortalece la seguridad fronteriza del país y demuestra el compromiso de su movimiento con el orden y la ley.

Con esta resolución, la Corte Suprema sienta un precedente que podría redefinir el alcance de los poderes presidenciales en materia migratoria, especialmente en contextos de tensiones internacionales o crisis de seguridad.

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