Una corte federal de Florida impuso una sanción de 668,390.95 dólares a una ciudadana hondureña que permaneció en Estados Unidos durante más de tres años después de recibir una orden definitiva de deportación.

La mujer, identificada como Kenia Elizabeth Vasquez Dubon, fue notificada el 22 de julio de 2022 de la decisión de un juez de inmigración que ordenaba su expulsión del país con destino a Honduras. La resolución adquirió carácter definitivo el 23 de agosto de ese año.

Según la información publicada por el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, la inmigrante fue advertida de que podía enfrentar multas civiles diarias si no abandonaba el territorio estadounidense conforme a lo dispuesto por las autoridades migratorias.

Pese a las notificaciones del Gobierno, incluida una comunicación formal sobre la intención de imponerle una sanción y una factura en la que se le exigía el pago, Vasquez Dubon continuó viviendo en Estados Unidos.

El juez federal Ed Artau determinó que la mujer incumplió deliberadamente la orden de deportación y consideró procedente imponerle una penalización económica. La sentencia se dictó después de que el tribunal aceptara la solicitud del Gobierno para obtener un fallo por incomparecencia.

El monto establecido asciende a 668,390.95 dólares e incluye multas civiles calculadas a razón de 998 dólares diarios, además de los intereses legales acumulados hasta el 6 de febrero.

La legislación migratoria estadounidense permite imponer sanciones civiles a las personas que no abandonan el país después de que una orden definitiva de expulsión entra en vigor.

El caso, tramitado en el Distrito Sur de Florida, subraya las consecuencias económicas que pueden derivarse del incumplimiento de una orden migratoria definitiva. La resolución judicial no solo establece una deuda de cientos de miles de dólares, sino que también deja constancia de que las autoridades habían advertido previamente a la mujer sobre las posibles penalizaciones.

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