Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos emitió un fallo que representa un revés para cientos de inmigrantes detenidos por las autoridades migratorias, al determinar que no tienen derecho constitucional a una audiencia individual de fianza para solicitar su liberación mientras se resuelven sus procesos de deportación.

La decisión fue adoptada el jueves 23 de octubre por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que, en una votación de 10 contra 7, respaldó la interpretación del Gobierno federal sobre la detención obligatoria de determinados inmigrantes que ingresaron al país sin pasar por los controles migratorios.

El dictamen limita las posibilidades de que estas personas soliciten ante un juez una evaluación individual de su situación, en la que se determine si representan un peligro para la comunidad o existe riesgo de fuga.

La resolución revoca decisiones judiciales anteriores que habían permitido a algunos detenidos impugnar su permanencia bajo custodia y solicitar audiencias para buscar su liberación.

El fallo favorece la posición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que endureció su política de detenciones durante la Administración del presidente Donald Trump.

En julio de 2025, la agencia comenzó a aplicar criterios más estrictos para negar la libertad bajo fianza a determinadas personas que ingresaron a Estados Unidos sin inspección migratoria.

La controversia se centra en la interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en si las personas detenidas bajo esa disposición pueden exigir una audiencia individual para cuestionar su encarcelamiento.

La mayoría del tribunal reconoció que los inmigrantes cuentan con protección bajo la Quinta Enmienda de la Constitución, pero sostuvo que esa garantía no implica necesariamente el derecho a una audiencia de fianza en estos casos.

La disputa ha generado miles de resoluciones en tribunales federales. Según los datos citados por La Opinión, los jueces de distrito habían emitido más de 15.000 decisiones relacionadas con este conflicto y rechazado en más de 13.000 ocasiones la interpretación defendida por ICE.

Entre los afectados hay personas sin antecedentes penales, con años de residencia en Estados Unidos y vínculos familiares y comunitarios, que podrían permanecer detenidas durante sus procedimientos migratorios sin una audiencia individual para solicitar fianza.

La resolución también reabre el debate sobre el debido proceso y los límites de la autoridad del Gobierno para mantener bajo custodia a personas que esperan una decisión sobre su situación migratoria.

Por ahora, la decisión constituye un precedente obligatorio en Texas, Luisiana y Mississippi, los tres estados que integran el Quinto Circuito. Otros tribunales federales pueden adoptar interpretaciones diferentes, por lo que la controversia podría continuar en instancias superiores.

El caso podría llegar a la Corte Suprema, cuya intervención sería determinante si surgen diferencias entre los tribunales de apelaciones.

Fuente: La Opinión

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