Una tragedia conmocionó a Bolivia la pasada semana en la comunidad de Lagunillas, municipio de Uncía, Potosí. Cinco estudiantes, de entre 12 y 17 años, perdieron la vida calcinados tras la explosión e incendio de un autobús escolar que utilizaba un sistema de gas licuado de petróleo (GLP) adaptado de forma ilegal.

Ocho menores más resultaron heridos, algunos con quemaduras graves, y fueron trasladados a hospitales en Llallagua, Oruro y Potosí .​

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando los estudiantes abordaban el vehículo estacionado frente a su escuela. Según informes policiales, una fuga en el sistema de GLP provocó la explosión de dos garrafas, generando un incendio que consumió rápidamente el autobús.

Ocho estudiantes lograron escapar por las ventanas, mientras que cinco quedaron atrapados en el interior. El conductor del vehículo, de 53 años, fue arrestado tras confirmarse que el autobús operaba sin la documentación requerida y que él no portaba licencia de conducir.

El bus, indocumentado y sin condiciones mínimas de seguridad, transportaba diariamente a estudiantes de comunidades alejadas.

El presidente Luis Arce expresó su consternación por el hecho y solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer las causas y responsabilidades. Esta tragedia ha puesto en evidencia las deficiencias en la regulación y control del transporte escolar en zonas rurales de Bolivia, donde la falta de recursos y supervisión pone en riesgo la vida de los estudiantes.​

Organizaciones de padres de familia y defensores de derechos de la niñez han exigido una revisión urgente de los medios de transporte escolar en estas áreas, para evitar que hechos como este se repitan.​

Del perfil de La Tijera

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