Trabajadores privados deben al Estado cubano unos 32 millones 500 mil 000, según la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) que realizó 4591 acciones de control contra el incremento de precios hasta el mes de junio.

La información reseñada por el oficialista diario Granma advierte que entre los mayores adeudos se encuentran panderos-dulceros, trabajadores de cafeterías, carretilleros, vendedores de producción agrícola en puntos de ventas y quioscos, productores-vendedores de artículos varios, y poncheros quienes fueron fiscalizados porque sus actividades son las que más cambios de precios han experimentado en los últimos meses.

De acuerdo con la ONAT, las deudas más grandes encontradas corresponden a individuos que declararon menos ingresos que los percibidos (subdeclaración de ingresos), situación por la cual se deben 23 millones 500 mil 000 pesos un dinero que fue exigido a esas personas so advertencia de procesamiento judicial.

El dinero que ha dejado de ingresar por multas es también millonario. La Oficina Nacional de Administración Tributaria indicó que “en cuanto a las multas, que incluyen las que forman parte de la determinación de deuda y las de talón, aplicadas por el incumplimiento de deberes formales u otros motivos, lo debido es casi 7 400 000 pesos. Mientras, lo contabilizado como recargo por mora superó 1 500 000”.

En este caso la sanción monetaria se estableció a quienes no cumplieron deberes formales e incurrieron en “no poseer la documentación establecida, la desactualización de los registros contables, la no implementación del sistema de contabilidad para los trabajadores por cuenta propia (TCP) y la obstrucción del proceso de fiscalización”.

Entre los multados se contaron 473 personas que fueron detectadas ejerciendo ilegalmente alguna actividad de TCP.

Sobre la deuda fiscal determinada por la ONAT aclaran que “está compuesta por el tributo que debió pagarse o las subdeclaraciones; el recargo por mora, que es una indemnización que exige el Estado por no recibir el ingreso en el momento previsto y cuyo monto depende del tiempo que haya transcurrido desde que culminó el plazo legal establecido para aportar la obligación; y la multa fiscal, que es también una sanción por no cumplir con la obligación de pago o el deber formal”.

“Multas, cierre de establecimientos, retirada de licencias son algunas de las sanciones que pueden ser aplicadas a aquellos incumplidores, luego de que los emprendedores persistan en sus infracciones”, según establece la Ley 113 del Sistema Tributario.

En otros artículos de Granma han expuesto declaraciones de la directora jurídica de la ONAT, Sonia Fernández, quien ha alertado a modo de amenaza sobre las sanciones a quienes no pagan en tiempo y todo lo que el Estado exige.

“Negarse a pagar una deuda tributaria demostrada puede llevar a una sanción de hasta ocho años de privación de libertad”, ha señalado Fernández.

La directora jurídica de la ONAT ha advertido que acciones como ocultar información, llevar doble contabilidad, no cumplir con registrar ingresos y gastos, dejan de ser una simple infracción y la Oficina puede poner esas conductas a disposición de las autoridades judiciales del país.

“La evasión fiscal es un delito muy perseguido no solo en Cuba, porque es una conducta que va en contra de la propia sociedad, atenta contra las arcas del Estado” analiza la jurista quien asegura que el destino de esos fondos estatales son “acciones sociales”.

Además añadió que la Oficina “está comprometida seriamente con el enfrentamiento a las ilegalidades, sobre todo, para conducir el proceso de la mejor manera, incluso con los nuevos actores de la economía, y tratar de que comprendan no solo la legislación, sino la necesidad de pagar los impuestos en la medida en que les corresponda”.

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