Un nuevo caso de corrupción en el sector estatal cubano vuelve a poner en evidencia las profundas grietas del sistema económico de la isla. Esta vez, el hecho ocurrió en el municipio de Jiguaní, en la provincia de Granma, donde un trabajador de una empresa estatal fue detenido tras sustraer mercancía valorada en más de 10 millones de pesos.

Según información divulgada por la página oficialista de Facebook Entérate con Aytana Alama, el implicado, empleado de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco (EMPA), aprovechó su acceso a los almacenes para desviar miles de cajetillas de cigarros y tabacos.

El reporte presenta el hecho como un “golpe al patrimonio del pueblo”, destacando el impacto económico de la malversación. Sin embargo, más allá del discurso oficial, el caso refleja un fenómeno cada vez más extendido en Cuba: el desvío sistemático de recursos estatales hacia el mercado informal.

En un país marcado por el desabastecimiento crónico, productos como los cigarrillos —aunque no esenciales— forman parte de una cadena de distribución altamente distorsionada. Lo que debería llegar a la red comercial estatal termina frecuentemente en manos de revendedores, donde se ofrece a precios muy por encima de los establecidos.

Este tipo de delitos no ocurre en el vacío. La precariedad salarial, la falta de controles efectivos y la propia dinámica de supervivencia han convertido la malversación en una práctica recurrente dentro de muchas entidades estatales. En lugar de ser casos aislados, se han vuelto síntomas de un sistema incapaz de garantizar equilibrio entre oferta y demanda.

El propio mensaje difundido en redes sociales reconoce que la sustracción de estos productos tiene consecuencias directas para la población, al provocar aún más escasez. Sin embargo, la narrativa oficial suele centrarse en la responsabilidad individual, evitando cuestionar las condiciones estructurales que facilitan estos hechos.

Las autoridades informaron que el responsable ya se encuentra bajo proceso policial, tras una investigación que, según indican, fue llevada a cabo con prioridad debido al impacto del caso en la comunidad.

No obstante, mientras se anuncian detenciones y sanciones, el problema de fondo persiste. El mercado negro sigue siendo, para muchos cubanos, la única vía para acceder a productos básicos o de consumo habitual. Y esa realidad no se resuelve con operativos puntuales.

Fuente: Plataforma Entérate con Aytana Alama

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