La administración de Estados Unidos lanzó este fin de semana un mensaje directo a los inmigrantes que se encuentran en el país sin estatus legal: salir voluntariamente y buscar vías regulares para regresar, antes de enfrentar procesos de detención y deportación forzosa.

El llamado fue hecho por Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca y conocido como el “zar de la frontera”, durante una comparecencia pública en San Diego, en las inmediaciones de la frontera con México. Allí, Homan instó a quienes permanecen de manera irregular a “hacer lo correcto” y abandonar el país por iniciativa propia.

“Váyanse a casa e intenten volver a través de un programa legal”, afirmó. De lo contrario, advirtió, las autoridades migratorias los localizarán y procederán a su deportación, lo que podría acarrear restricciones legales que dificulten o impidan su reingreso futuro a Estados Unidos. Según Homan, la salida voluntaria representa “la opción más humana” frente a un proceso coercitivo.

Durante la conferencia de prensa, realizada frente al muro fronterizo y acompañado por el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney S. Scott, el funcionario defendió los resultados de la política migratoria del actual gobierno. Aseguró que Estados Unidos ha superado las 600.000 deportaciones en lo que va de año, una cifra que, según dijo, refleja una aplicación más estricta de la ley migratoria.

Homan calificó la situación actual como “la frontera más segura en la historia del país”, argumentando que el refuerzo de controles, las expulsiones aceleradas y la presión sobre las redes de tráfico de personas han reducido los cruces irregulares. También subrayó que el objetivo central es restablecer el control fronterizo y garantizar la seguridad nacional.

En contraste, el responsable fronterizo lanzó duras críticas contra las llamadas ciudades santuario, jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. A su juicio, estas políticas entorpecen el trabajo de los agentes y ponen en riesgo tanto a las comunidades locales como a los propios oficiales.

“Las ciudades santuario nos ralentizan; hacen que el sistema sea menos eficiente y más peligroso”, afirmó, al tiempo que reiteró que la falta de colaboración dificulta la localización de personas con órdenes de deportación pendientes.

El mensaje de la Casa Blanca marca una línea clara de presión hacia los inmigrantes indocumentados y hacia los gobiernos locales que se resisten a colaborar con las agencias federales. Mientras organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes cuestionan el enfoque por considerarlo punitivo, la administración insiste en que el cumplimiento de la ley y la migración legal deben ser la base del sistema.

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