El Partido Comunista de Cuba anunció la destitución de Yuniasky Crespo Baquero como primera secretaria en la provincia de Mayabeque, siendo sustituida por Edelso Antonio Ramos Linares, ex vicejefe del Departamento de Política de Cuadros del Comité Central.

La decisión fue confirmada por la prensa oficialista, aunque sin ofrecer detalles sobre los motivos de la remoción. La nota oficial solo indicó que Crespo asumirá "nuevas responsabilidades", una fórmula ambigua usada con frecuencia por el régimen cubano.

La medida fue adoptada en un pleno del Comité Provincial del PCC presidido por Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido. Esta es la tercera destitución de un primer secretario provincial en lo que va de 2025, lo que ha despertado inquietudes sobre la estabilidad de la estructura política del país.

Ramos Linares, de 51 años, es licenciado en Educación con especialización en Marxismo, Leninismo e Historia. Ha ocupado diversos cargos dentro del PCC, desde instructor hasta primer secretario municipal, y fue responsable de la actividad político-ideológica en Pinar del Río por más de tres años. Su designación se enmarca en una estrategia del Partido de reforzar el control ideológico mediante cuadros con trayectoria partidista consolidada.

En lo que va del año, tres primeros secretarios provinciales del PCC han sido removidos de sus cargos. En marzo, Walter Simón Noris fue destituido en Las Tunas, y en febrero se produjo la expulsión de dos dirigentes en Cienfuegos, José López Zuñet y Mayré Fornaris Soriano, por "problemas de actitud" y "errores en el cumplimiento de funciones".

Estas purgas internas parecen ser un intento del régimen por aparentar control y disciplina, pero carecen de transparencia y no convencen a la ciudadanía.

La falta de explicaciones concretas sobre las causas de estas destituciones ha reforzado la percepción de una crisis de confianza y liderazgo dentro del único partido permitido en Cuba. Muchos ciudadanos interpretan estas medidas como intentos simbólicos de frenar la ineficiencia y corrupción que afectan al país, pero sin voluntad real de transformación estructural.

El secretismo que rodea estos procesos y la opacidad institucional contribuyen a la desconfianza generalizada. En un contexto marcado por una profunda crisis económica y social, la ciudadanía reclama respuestas claras y cambios verdaderos, más allá de los reemplazos burocráticos dentro de la cúpula del poder.

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