El reciente arribo del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe ha generado una nueva ola de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. De acuerdo con informes del Pentágono, el buque insignia —considerado el más avanzado del mundo— fue desplegado por orden del presidente Donald Trump como parte de una operación para combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones criminales transnacionales.

El Gerald R. Ford, acompañado de su grupo de ataque, ingresó al área de responsabilidad del Comando Sur estadounidense, que abarca amplias zonas del Atlántico y el mar Caribe. Según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la presencia del portaaviones “refuerza la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir actividades ilícitas que amenazan la seguridad y la prosperidad del hemisferio occidental”.

El despliegue, sin embargo, ha sido interpretado por el gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza directa. Desde Caracas, se anunció la movilización de 200.000 militares en ejercicios de defensa nacional, además de la aprobación de una nueva ley para “fortalecer la soberanía ante las provocaciones extranjeras”. El mandatario venezolano calificó la acción estadounidense como un intento de “intimidar al pueblo venezolano” y reiteró que su país “no permitirá agresiones imperiales”.

El traslado del Gerald R. Ford desde el Mediterráneo fue autorizado el 24 de octubre, en el marco de la estrategia del presidente Trump para justificar el incremento militar bajo la bandera de la “lucha contra el narcoterrorismo”. Washington ha vinculado reiteradamente al gobierno de Maduro con el Cartel de los Soles, acusaciones que Venezuela niega y considera parte de una campaña de desestabilización política.

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han intensificado sus operaciones en el Caribe y el Pacífico, con varios ataques contra supuestas “narcolanchas”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el 9 de noviembre se registraron dos nuevas ofensivas que dejaron seis muertos, elevando a 76 el número de fallecidos desde el inicio de las operaciones.

Diversas organizaciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han condenado estas acciones, calificándolas como posibles “ejecuciones extrajudiciales” y pidiendo una investigación independiente.

El despliegue del portaaviones y las recientes ofensivas también han tensado la relación entre Washington y Colombia, cuyo presidente Gustavo Petro ha criticado duramente la estrategia militar estadounidense. En respuesta, Trump lo acusó de tener “vínculos con el narcotráfico” e incluyó su nombre en la llamada “lista Clinton”, lo que ha incrementado la polémica regional.

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