El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció este martes la declaración de ley marcial en respuesta a lo que calificó como "actividades anti-estatales" lideradas por el principal partido de la oposición, el Partido Democrático (PD). En un mensaje televisado, Yoon argumentó que esta medida busca "erradicar las fuerzas pro-norcoreanas" y proteger el orden constitucional del país.

El anuncio sorprendió a la nación, ya que llega tras semanas de tensiones entre el gobierno y la oposición. Según Yoon, el PD, que cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional, estaría implicado en actividades que "planean la rebelión". El mandatario calificó estas acciones como una amenaza directa a la estabilidad del país.

La ley marcial otorga amplios poderes a las fuerzas armadas, suspendiendo ciertas libertades civiles y restringiendo las actividades políticas. Como parte de esta medida, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Park An-su, fue designado comandante bajo el decreto, y las actividades de la Asamblea Nacional han quedado temporalmente prohibidas.

El conflicto entre el gobierno y el Partido Democrático se intensificó recientemente cuando la oposición aprobó un presupuesto general para 2025 que incluyó múltiples recortes, sin el apoyo del Partido del Poder Popular (PPP) del presidente Yoon. Además, se aprobaron mociones para destituir al fiscal general y al jefe de la Junta de Auditoría e Inspección, organismos clave para el monitoreo del gasto público.

En su declaración, Yoon justificó la ley marcial como un paso necesario para evitar que estas acciones desestabilicen al país. “El Partido Democrático no actúa en beneficio de nuestra nación, sino como una fuerza pro-norcoreana que amenaza nuestra democracia”, afirmó.

Tras el anuncio, imágenes difundidas por medios locales mostraron un fuerte despliegue policial bloqueando el acceso a la Asamblea Nacional, mientras el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, ordenó reuniones de emergencia con los principales comandantes militares. Según un comunicado del Estado Mayor Conjunto, se ha incrementado la vigilancia del ejército para garantizar la seguridad interna.

Sin embargo, la medida ha generado preocupación tanto dentro como fuera del país. Líderes internacionales y grupos de derechos humanos han señalado los riesgos de restringir las libertades civiles y su impacto en la estabilidad democrática de Corea del Sur.

La declaración de ley marcial marca un momento crítico para Corea del Sur, un país con una larga historia de conflictos políticos internos. Aunque el gobierno de Yoon asegura que la medida es temporal y busca proteger la democracia, la oposición ha calificado la decisión como un intento autoritario de consolidar el poder.

Con el Parlamento paralizado y las tensiones al alza, los próximos días serán decisivos para determinar el impacto de esta controvertida decisión en la política y la sociedad surcoreana.

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