La activista y defensora de los derechos humanos Taimir García Meriño denunció el sábado haber sido amenazada directamente por agentes de la Seguridad del Estado, quienes le advirtieron que enfrentaría “graves problemas” si recibe en su vivienda la visita del embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, a quien identificó como amigo personal.

Según la denuncia pública realizada por García Meriño, las amenazas se produjeron en horas tempranas del día y estuvieron acompañadas de un operativo de vigilancia permanente en los alrededores de su domicilio. La activista aseguró que se encuentra citada y bajo observación constante, en lo que calificó como un nuevo acto de intimidación por parte del aparato represivo del Estado cubano.

“En el día de hoy he sido amenazada por la Seguridad del Estado. Me dijeron claramente que si recibo la visita del embajador de los Estados Unidos enfrentaré graves consecuencias”, afirmó García Meriño, quien desde hace años es reconocida por su activismo cívico en favor de las libertades fundamentales y la defensa de los derechos humanos en la Isla.

El hecho ocurre en un contexto de creciente hostigamiento contra activistas, periodistas independientes y opositores, especialmente aquellos que mantienen vínculos con representantes diplomáticos extranjeros o con organizaciones internacionales. En Cuba, el contacto con diplomáticos suele ser criminalizado por las autoridades como un acto de “injerencia” o “subversión”, pese a que no constituye delito alguno según el derecho internacional.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera reiterada que este tipo de amenazas buscan aislar a los activistas, impedir la documentación de abusos y enviar un mensaje de advertencia al resto de la sociedad civil independiente.

La denuncia de García Meriño se suma a una larga lista de casos en los que el Estado cubano recurre a la coacción, la vigilancia y las citaciones policiales para frenar el trabajo de defensores de derechos humanos, sin órdenes judiciales ni garantías legales.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido ninguna declaración oficial sobre el caso. Mientras tanto, la activista permanece bajo vigilancia, en una situación que vuelve a poner en evidencia el alto costo personal del activismo cívico en Cuba y la falta de libertades políticas en el país.

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