Un inmigrante brasileño detenido en Massachusetts después de un control de tráfico terminó llevando hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos una disputa que podría definir el alcance de las detenciones migratorias dentro del país. El máximo tribunal aceptó revisar si el Gobierno puede mantener bajo custodia, sin una audiencia para solicitar libertad bajo fianza, a determinados migrantes que enfrentan procesos de deportación, incluso cuando fueron arrestados lejos de la frontera y llevan años viviendo en territorio estadounidense.

El caso que llegará ante los nueve magistrados es el de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, ciudadano brasileño que ingresó a Estados Unidos en 2005 y fue detenido por autoridades migratorias después de una parada de tráfico en Norwood, Massachusetts, en septiembre de 2025.

Barbosa da Cunha cuestionó que pudiera permanecer detenido sin tener la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza. Su caso avanzó por los tribunales federales hasta llegar al Supremo, que el 1 de octubre de 2026 aceptó revisar el expediente 26-104, Rhoney v. Barbosa da Cunha.

La disputa gira alrededor de una interpretación de la legislación migratoria federal que el Gobierno comenzó a aplicar bajo la Administración de Donald Trump. Según esa interpretación, determinados inmigrantes considerados legalmente como “solicitantes de admisión” pueden quedar sujetos a detención obligatoria mientras se desarrolla su procedimiento migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional modificó su interpretación en 2025. Desde entonces, varios tribunales federales han tenido que pronunciarse sobre si esa disposición puede utilizarse contra personas que no fueron detenidas al cruzar la frontera, sino años después y dentro del territorio estadounidense.

La cuestión ha provocado decisiones judiciales diferentes. Tribunales de apelaciones, incluidos los circuitos Segundo, Sexto, Séptimo, Noveno y Undécimo, han rechazado la interpretación del Gobierno en distintos casos, mientras que los circuitos Quinto y Octavo han adoptado una posición favorable a esa interpretación.

Ahora el Supremo deberá resolver el alcance de esa norma. Su decisión determinará cómo deben tratarse determinados casos de detención migratoria y si personas arrestadas dentro del país pueden ser privadas de una audiencia de fianza durante sus procesos de deportación.

La resolución está prevista dentro del periodo judicial que comenzó en octubre de 2026.

Fuente: Corte Suprema

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