Cuando en otros tiempos, con 14 años las niñas jugaban con muñecas y mientras en el mundo se critica ampliamente la maternidad infantil, la Dirección Provincial de Salud de Granma en Cuba, generó un fuerte debate tras publicar en sus redes sociales el caso de Leidys, una adolescente de 14 años embarazada, destacando su embarazo “con extraordinaria madurez” y elogiando sus deseos de continuar la secundaria básica y convertirse en maestra.

La publicación recibió críticas inmediatas de la comunidad, que cuestionó la omisión total de información sobre prevención del embarazo adolescente, educación sexual y mecanismos de protección para menores.

Según fuentes como Guillermo Rodríguez Sánchez y Alas Tensas, el mensaje oficial no aborda la responsabilidad familiar ni las políticas de protección del Estado ante casos de maternidad infantil, lo que ha llevado a muchos a interpretar la narrativa como una normalización simbólica de un fenómeno que debería ser una alarma de salud pública y educativa.

Los comentarios en redes reflejan indignación y preocupación, señalando que el sistema sanitario celebra el desenlace sin ofrecer orientación sobre riesgos físicos y psicológicos de un embarazo a tan temprana edad.

El contexto legal añade complejidad al asunto. El Código Penal cubano de 2022 establece que solo por debajo de los 12 años la ley presume la inexistencia de consentimiento válido. Entre los 12 y los 17 años, la legalidad de las relaciones depende de demostrar violencia, intimidación, engaño o abuso de autoridad, dejando un amplio margen de vulnerabilidad para adolescentes como Leidys.

Mientras algunos defienden que la joven puede asumir su maternidad con responsabilidad, la crítica principal se centra en la estrategia comunicativa de la institución de salud. Los expertos y ciudadanos consultados consideran que el mensaje podría enviar señales contradictorias, legitimando la maternidad temprana y desviando la atención de la necesidad de educación sexual integral, acceso a anticonceptivos y acompañamiento psicológico y legal.

El caso plantea preguntas más amplias sobre políticas sociales y demográficas: ¿se busca frenar la baja natalidad, la emigración juvenil o simplemente celebrar un hecho sin considerar sus implicaciones sociales y sanitarias? La polémica subraya la urgencia de un enfoque equilibrado que proteja a las adolescentes, garantice su educación y promueva la maternidad responsable solo en el momento adecuado.

El debate sigue abierto, y la sociedad cubana exige claridad y responsabilidad por parte de las autoridades de salud, sin que el elogio a la juventud o la supuesta madurez sustituya la prevención y la protección de los derechos de la niñez.

Fuentes: Guillermo Rodríguez Sánchez, Alas Tensas.

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