Dos militares de Corea del Norte capturados por fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk enfrentan un futuro incierto mientras solicitan ser trasladados a Corea del Sur. Ambos temen que, de ser repatriados, puedan sufrir severas represalias por haber sido hechos prisioneros con vida.

Según declaraciones recogidas por el diario surcoreano Hankook Ilbo, uno de los soldados afirmó que no sobreviviría si regresaba a su país, ya que otros compañeros optaron por suicidarse antes que rendirse. Activistas y desertores norcoreanos sostienen que la doctrina militar de Pyongyang prohíbe la captura y promueve el suicidio antes que la rendición.

El caso ha generado preocupación en instancias internacionales. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte advirtió recientemente que cualquier decisión debe respetar el derecho internacional humanitario. En particular, recordó que los prisioneros de guerra no deben ser enviados a países donde puedan enfrentar tortura, persecución o castigos desproporcionados.

Organizaciones de apoyo a refugiados norcoreanos señalan que la historia ofrece precedentes inquietantes. Tras la Guerra de Corea, numerosos prisioneros que regresaron al Norte fueron sometidos a trabajos forzados o clasificados como elementos políticamente sospechosos. Además, existe el principio informal conocido como “castigo por tres generaciones”, que implica posibles represalias contra familiares directos de quienes son considerados traidores o desertores.

El régimen de Pyongyang podría interpretar la captura como un acto de deslealtad, incluso si ocurrió en circunstancias de combate. No obstante, algunos analistas consideran que las autoridades norcoreanas podrían moderar cualquier castigo para evitar un mayor escrutinio internacional, especialmente dada la atención mediática que ha recibido el caso.

Por su parte, activistas han criticado lo que perciben como una respuesta cautelosa por parte del Gobierno surcoreano. Argumentan que, al tratarse de ciudadanos que buscan protección, Seúl debería facilitar su reubicación y ofrecerles garantías de seguridad. El traslado a Corea del Sur implicaría un proceso de verificación y adaptación, pero les permitiría evitar el riesgo de represalias en su país de origen.

Mientras tanto, Ucrania enfrenta la responsabilidad de gestionar la situación conforme a los convenios internacionales sobre prisioneros de guerra. La decisión final podría sentar un precedente sobre cómo manejar casos similares en conflictos donde participan combatientes de terceros países.

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