La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles al régimen dictatorial de Cuba por su ardid de "legalizar la censura", al aprobar una ley que le permitirá reforzar su coacción en contra de la libertad de prensa de los medios y periodistas independientes y restringir aún más la libertad de expresión de los ciudadanos.

"Es claro que el régimen aumenta las nuevas formas de censura contra medios y periodistas a través de restricciones administrativas y legales para desactivar el descontento social", dijo el presidente de la SIP, Michael Greenspon en un comunicado de prensa sobre la polémica Ley de Comunicación Social, aprobada el 26 de mayo por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

"En sus más de seis décadas de existencia, la dictadura cubana se ha especializado en coartar las libertades y violar los derechos humanos", expresó Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.

La nueva Ley de Comunicación Social de Cuba da amplios poderes al gobierno para controlar o cerrar medios de comunicación independientes y ensalzar la propaganda de los medios oficialistas, los únicos autorizados a operar en el país según la Constitución.

"Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad", dice la norma.

Greenspon recordó que el gobierno cubano desató momentos implacables en contra de la libertad de prensa en años recientes, cuando el periodismo independiente pudo ser más crítico y libre.

También recordó épocas en las que el régimen cerró todos los medios privados como la Primavera Negra de 2003, cuando fueron encarceladas 75 personas señaladas como disidentes, entre ellas, más de dos docenas de periodistas, incluido el entonces vicepresidente de Libertad de Prensa de la SIP en Cuba, Raúl Rivero.

Tras las protestas sociales de julio de 2021, el "11J", fueron detenidos numerosos ciudadanos y periodistas, entre otros, Henry Constantín, actual vicepresidente de Libertad de Prensa de la SIP, y que el régimen bloqueó los servicios de internet, telefonía móvil y las redes sociales.

"Ahora, después de expulsar a varios periodistas del país y restringir a medios y periodistas, el régimen legaliza la censura con una nueva ley que le permite, a sus anchas, acabar con las críticas del periodismo independiente y con las opiniones de sus ciudadanos en internet", afirmó Greenspon.

"Queda claro que esta norma legitima al Estado para seguir censurando sin culpas, perseguir y amordazar. Es sorprendente la saña del régimen, si se tiene en cuenta su férreo sistema de censura, para el que utiliza el Código Penal, la Ley 88 y otros decretos", dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet.

"El régimen cubano viola continuamente los estándares interamericanos favorables a las libertades de prensa y expresión, como la eliminación de la colegiación obligatoria de periodistas, la descriminalización de los delitos de difamación, la eliminación del delito de desacato para permitir críticas abiertas a las autoridades, y la creación de leyes de acceso a la información pública y de transparencia, para facilitar la fiscalización de los gobiernos por parte de periodistas y de la ciudadanía en general", apuntó Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior.

El Índice Chapultepec, un barómetro de la SIP que desde 2019 mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas, ha mantenido a Cuba en lo más bajo del ranking.

Entre los mayores escollos a la libertad de prensa, el Índice pone énfasis en los siguientes hechos: represión policial, espionaje y bloqueo de internet con el apoyo de la estatal Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA), propaganda difamatoria contra periodistas y medios independientes a través de medios estatales y en redes sociales, falta de acceso a fuentes de información pública, criminalización de la actividad periodística a través de detenciones ilegales y citaciones policiales, y estricto control de la libertad de asociación mediante deportaciones y prohibiciones para que no puedan circular o hacer coberturas libremente por el país, concluyó el comunicado de prensa del SIP.

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