El proceso contra la influencer cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre Caridad Silvente, llega este 1 de octubre a los tribunales con un elemento que genera cuestionamientos entre activistas y medios independientes: el juicio estará presidido por Zamira Marrero Morgado, una jueza que anteriormente integró el tribunal de una causa contra 129 manifestantes del 11-J. Las dos mujeres están acusadas de “actos contra la intimidad personal y familiar” después de grabar y publicar en redes sociales la visita de un suboficial del MININT a su vivienda. Ambas permanecen bajo reclusión domiciliaria y con prohibición de salida del país.

El juicio contra la influencer cubana Anna Sofía Benítez Silvente, Anna Bensi y su madre Caridad Silvente llega este jueves 1 de octubre a los tribunales cubanos en medio de una creciente atención dentro y fuera de la isla.

La vista estará presidida, según reportes publicados en las redes por Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este. La jueza ya había formado parte del tribunal que intervino en uno de los procesos contra 129 manifestantes del 11-J, celebrado en diciembre de 2021, en una causa en la que se solicitaron penas de hasta 30 años por sedición.

La designación de Marrero Morgado ha provocado cuestionamientos entre activistas y medios independientes debido a esos antecedentes. También se señala que, a finales de agosto, la jueza habría rechazado una solicitud de la defensa para anular el proceso contra Anna Bensi y su madre. Esta información procede de reportes y declaraciones públicas; no implica por sí misma una conclusión sobre cómo actuará el tribunal en el nuevo juicio.

El caso comenzó en marzo de 2026, después de que madre e hija grabaran y difundieran en redes sociales la visita a su vivienda de un suboficial del Ministerio del Interior que acudió para entregar una citación de la Seguridad del Estado. Ambas fueron acusadas de “actos contra la intimidad personal y familiar”, bajo el artículo 393 del Código Penal cubano.

El expediente llegó a ser archivado inicialmente, según la defensa, porque el delito requería una querella directa de la persona afectada. En julio, el agente Yoel Leodán Rabaza Ramos presentó esa querella y el proceso fue reactivado. Según Anna Bensi, el agente sostiene que se sintió ofendido por los comentarios generados tras la publicación del video.

La joven también ha denunciado que entre las pretensiones del querellante está que ella y su madre graben y publiquen una disculpa pública. El abogado del denunciante habría solicitado además dos años de limitación de libertad para cada una.

Madre e hija permanecen bajo reclusión domiciliaria y con prohibición de salir de Cuba. En los días previos al juicio, Bensi declaró públicamente que no piensa abandonar sus publicaciones y afirmó que, si pudiera volver atrás, repetiría la grabación que originó el proceso.

El caso ha recibido muestras de solidaridad de organizaciones religiosas y figuras públicas, mientras organizaciones como Cubalex han cuestionado la utilización de este tipo de acusación en relación con la grabación de funcionarios públicos.

Fuentes: Irma Broek - Elieser el Bayardo - La Tijera - Cibercuba

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