En el XIII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), recientemente clausurado, se discutió una nueva medida que permitirá a los campesinos cubanos obtener un porcentaje de sus pagos en dólares por productos como carbón vegetal, café, cacao y miel, siempre que estos sean destinados a la exportación a través de empresas estatales. Aunque, de momento, estas exportaciones serán gestionadas por 22 empresas del estado, se espera que en el futuro otras producciones como maíz, frijoles, soja y arroz también puedan beneficiarse de este esquema.

El propósito de esta medida es reducir las importaciones gubernamentales de productos como el arroz, que actualmente el gobierno adquiere de fuentes externas. Al otorgar un pago parcial en divisas a los campesinos que cultivan estos productos, se busca reducir la cantidad de dinero que Cuba gasta en importaciones, lo que podría suponer un ahorro considerable de divisas. Sin embargo, las reglas del esquema varían dependiendo del producto. Por ejemplo, los productores de carbón vegetal recibirán solo el 54% de los ingresos generados por las exportaciones, con una parte de este pago en pesos cubanos. La empresa exportadora retendrá el 70% de los ingresos, aunque un 16% de esa cantidad aún no ha sido claramente explicado, pero podría corresponder a un tipo de impuesto o cargo similar al IVA.

En el caso de la miel, los productores recibirán 650 dólares por tonelada, y cuando la medida se extienda a otros productos como el arroz, los agricultores recibirán el 55% de los ingresos en divisas, mientras que el grupo agrícola retendrá el 45%, parte del cual se destinará a un instituto de investigación. Además, las comercializadoras de estos productos podrán quedarse con un 37% para cubrir gastos logísticos.

Aunque esta promesa de pagos en divisas es un paso hacia la compensación de los productores en moneda más estable, los campesinos cubanos ya enfrentan altos costos en dólares debido a la necesidad de importar casi todos los insumos para su producción, como tractores, machetes, guantes y otros materiales. Para acceder a estos productos, los agricultores deben comprar dólares en el mercado informal, ya que el gobierno no les proporciona acceso directo a divisas a la tasa oficial. A esta carga económica se suman las dificultades asociadas al escaso acceso a mano de obra en las zonas rurales, exacerbadas por el éxodo masivo de cubanos y la creciente inflación. Esto ha elevado el costo de la mano de obra y, en consecuencia, también ha incrementado los precios de los alimentos para el consumidor final.

La bancarización de los pagos, una medida que se implementó tras la Tarea Ordenamiento en 2021, ha generado una serie de problemas para los campesinos. Muchos han reportado dificultades para manejar sus finanzas debido a los retrasos en los pagos y la limitada liquidez de los bancos, lo que ha causado incertidumbre y ha limitado la autonomía financiera de los productores. Esta situación también ha aumentado la dependencia de los campesinos respecto a los intermediarios estatales.

En paralelo, el Congreso aprobó una medida que establece nuevas restricciones sobre quién puede participar en el comercio mayorista. Solo aquellas entidades registradas oficialmente, como cooperativas o unidades empresariales de base, tendrán autorización para hacerlo. Esto refuerza el monopolio estatal sobre la comercialización de productos y limita la libertad de los productores privados, quienes deberán trabajar con intermediarios estatales para llevar sus productos al mercado.

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